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Reforma constitucional

Proyecto eleva requisitos para presentar y aprobar acusaciones constitucionales

La iniciativa ingresada al Senado exige el patrocinio de al menos 20 diputados, establece una fiscalización previa para acusar a ministros de Estado y eleva el quórum de admisibilidad a la mayoría de los integrantes en ejercicio de la Cámara. También reconoce expresamente el derecho a defensa letrada y excluye al Presidente de la República de la suspensión temporal de funciones.

19 de julio de 2026

Imagen: ChatGPT/Elke

Opinión

La naturaleza de juicio político de las acusaciones constitucionales, por Carlos Clemente Vargas

El desafío de la reforma es, en definitiva, encontrar el punto de equilibrio entre ambos extremos con miras a, la gobernabilidad del país y la protección del Estado de Derecho propio de un sistema republicano. Ello supone asumir la naturaleza de juicio político de la acusación constitucional y concebirla, ante todo, como una herramienta que abra espacio al diálogo y a los acuerdos políticos, reservando su función de censura y destitución de nuestras autoridades solo como último recurso.

13 de julio de 2026

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Opinión

Perú 2026: Vuelve el parlamento bicameral 33 años después, por Rafael Rodríguez

La opinión analiza los aspectos centrales del nuevo Reglamento del Congreso de la República del Perú, en el contexto del retorno a un Parlamento bicameral integrado por Senado y Cámara de Diputados. El texto explica los principios que orientan la función parlamentaria, sus principales atribuciones legislativas, de control político, representación y funciones especiales, además del estatuto de senadores y diputados, destacando la importancia de que la ciudadanía conozca con claridad sus competencias y límites para evaluar objetivamente su desempeño.

12 de julio de 2026

imagen: regioncaribe.com

Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Órganos disciplinarios del Poder Judicial deben ser independientes e imparciales en el ejercicio de sus facultades, en virtud del derecho de la Unión Europea.

Si bien la organización de la administración de justicia es competencia de los Estados miembros, el ejercicio de esta facultad debe respetar el derecho de la Unión Europea. Por ello, el régimen disciplinario aplicable a los jueces que puede tener que aplicar este derecho debe presentar las garantías necesarias para evitar cualquier riesgo de que dicho régimen se utilice como instrumento de control político de sus actividades.

21 de mayo de 2023