Requerimiento de inaplicabilidad.
Normas que regulan las medidas cautelares reales en materia penal, se impugnan ante el Tribunal Constitucional.
La requirente alega que se infringe el debido proceso, el derecho de propiedad y la libertad de desarrollar cualquier actividad económica, desde que extiende el nombramiento de interventores judiciales como medida cautelar real reservada para la víctima, y no respecto de un tercero, limitando así la libre administración de sus bienes, y además, alterando el régimen de funcionamiento interno de la Cooperativa.
27 de diciembre de 2024