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Deber de protección

Corte Constitucional de Colombia establece que autoridades deben proteger a funcionarios amenazados por grupos armados

Estableció que las autoridades tienen la obligación de implementar medidas efectivas para resguardar la integridad de los trabajadores estatales cuando existan amenazas comprobables. La decisión subraya que los trámites ordinarios o las listas de elegibles no pueden prevalecer sobre la protección de la vida y la salud de los funcionarios que desempeñan labores en zonas de conflicto, incluso si el riesgo no deriva directamente de sus funciones.

01 de mayo de 2026