Ingresó al TC inaplicabilidad que impugna normas sobre cumplimiento de sentencias que incidirían en juicio contra Municipalidad de San Rafael.

Se solicitó declarar inaplicable, por inconstitucional, el artículo 238 Código de Procedimiento Civil y el artículo 32 de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.

El primer precepto impugnado establece: “Cuando se trate del cumplimiento de resoluciones no comprendidas en los artículos anteriores, corresponderá al juez de la causa dictar las medidas conducentes a dicho cumplimiento, pudiendo al efecto imponer multas que no excedan de una unidad tributaria mensual o arresto hasta de dos meses, determinados prudencialmente por el tribunal, sin perjuicio de repetir el apremio”. En tanto, el segundo precepto impugnado dispone, para lo que interesa, que: “La ejecución de toda sentencia que condene a una municipalidad se efectuará mediante la dictación de un decreto alcaldicio. Con todo, tratándose de resoluciones recaídas en juicios que ordenen el pago de deudas por parte de una municipalidad o corporación municipal, y correspondiere aplicar la medida de arresto prevista en el artículo 238 del Código de Procedimiento Civil, ésta sólo procederá respecto del alcalde en cuyo ejercicio se hubiere contraído la deuda que dio origen al juicio”.

La gestión pendiente incide en autos ejecutivos, seguidos ante el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Talca, en los que la Municipalidad requirente es ejecutada por empresa a la que se le había contratado para la construcción de un jardín infantil.