Segunda Sala.
Pretenden inaplicabilidad de norma que restringiría participación ciudadana en proyectos ambientales.
La gestión pendiente incide en autos sobre recurso de protección, seguido ante la Corte de Santiago.
Se solicitó declarar inaplicable, por inconstitucional, el artículo 30 bis, incisos primero y sexto, de la Ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente.
El precepto impugnado establece, en lo que interesa al recurso que “Las Direcciones Regionales o el Director Ejecutivo, según corresponda, podrán decretar la realización de un proceso de participación ciudadana por un plazo de veinte días, en las Declaraciones de Impacto Ambiental que se presenten a evaluación y se refieran a proyectos que generen cargas ambientales para las comunidades próximas.".
La gestión pendiente incide en autos sobre recurso de protección, seguido ante la Corte de Santiago, en los que la requirente recurrió en contra del Servicio de Evaluación Ambiental (SEIA), pues se denegó la apertura de un proceso de participación ciudadana debido a que se estimó que el proyecto no produce cargas ambientales.
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