Diario Constitucional

En control preventivo y obligatorio.

Proyecto de ley que introduce reformas al sistema de justicia para enfrentar la situación de los tribunales luego del estado de excepción de catástrofe por la pandemia, se declara conforme a la Constitución por el Tribunal Constitucional.

Normas sobre las cuales emite pronunciamiento son declaradas conforme a la Constitución. Iniciativa está lista para ser promulgada y publicada.

Por Redacción·01 de diciembre de 2021·13 min de lectura
Norma que impide apelar resoluciones que rechazan excepciones de incompetencia del tribunal, caducidad y prescripción en el juicio laboral, se impugna ante el Tribunal Constitucional.
Referencial

El Tribunal Constitucional ejerció el control de constitucionalidad del proyecto de ley que introduce una serie de modificaciones al sistema de justicia para enfrentar la situación de los tribunales luego del estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública, correspondiente a los boletines refundidos N° 13.752-07 y N° 13.651-07, luego de que el Senado le remitiera una copia de la iniciativa con el objeto de que se pronuncie sobre la constitucionalidad de algunas de sus disposiciones.

La iniciativa legal que tuvo su origen en mensaje del Presidente de la República tiene por objeto lograr una mayor eficiencia del sistema de justicia producto de la sobrecarga de trabajo que se ha generado en los distintos tribunales del país como consecuencia de la pandemia y las limitaciones a la movilidad de las personas por motivos sanitarios, lo que ocasionó la paralización de los procedimientos, suspensión de audiencias y la imposibilidad de llevar a efecto diversos trámites judiciales.

En este contexto, la iniciativa que se sometió a control de constitucionalidad se enmarca dentro del conjunto de acciones adoptadas por el Estado destinadas a enfrentar la crisis sanitaria, en este caso, con el propósito de elaborar un plan que permita abordar la actividad judicial una vez finalizada la vigencia de la Ley N° 21.226, que estableció un régimen jurídico de excepción para los procesos judiciales, en las audiencias y actuaciones judiciales, y para los plazos y ejercicio de acciones que en ella se indican, por el impacto de la pandemia por COVID-19 en Chile.

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