Solicitan se declare inaplicable norma del Decreto que fija normas para la Defensa de la Libre Competencia, en causa en la que se acusa a dos empresas de colusión con el objeto de elevar precios.

Se solicitó declarar inaplicable, por inconstitucional, el artículo 26, letra c), párrafo primero, oración final, del Decreto Ley N° 211, que fija normas para la Defensa de la Libre Competencia.

El precepto impugnado establece, en lo que interesa al recurso, que “En el caso de las multas aplicadas a personas jurídicas, responderán solidariamente del pago de las mismas sus directores, administradores y aquellas personas que se hayan beneficiado del acto respectivo, siempre que hubieren participado en la realización del mismo.”

La gestión pendiente incide en autos seguidos ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, en los que la Fiscalía Nacional Económica presentó un requerimiento ante el TDLC en virtud del cual pretende que se sancione a dos personas jurídicas y a dos personas naturales, en virtud de que estas empresas, dedicadas a la extinción de incendios forestales por medio de helicópteros, se habrían coludido en distintas licitaciones y procesos de contratación, con el objeto de elevar los precios a los cuales éstas habrían contratado en condiciones normales de mercado.