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STF de Brasil declaró inconstitucional la Resolución del Consejo Federal de Psicología que restringe comercialización y uso de manuales de pruebas psicológicas a los profesionales registrados en el consejo y que obliga a editoriales a registrar datos de los psicólogos que los compran.

Al respecto, la Magistratura constitucional brasileña explicó que las acciones no pudieron haber tenido lugar en Curitiba, porque los hechos señalados no están directamente relacionados con el esquema de desvíos de Petrobras.

Por Redacción·18 de marzo de 2021·1 min de lectura
STF de Brasil declaró inconstitucional la Resolución del Consejo Federal de Psicología que restringe comercialización y uso de manuales de pruebas psicológicas a los profesionales registrados en el consejo y que obliga a editoriales a registrar datos de los psicólogos que los compran.
Referencial

El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil declaró inconstitucionales las disposiciones de la Resolución del Consejo Federal de Psicología (CFP), que restringen la comercialización y uso de los manuales de pruebas psicológicas a los profesionales registrados en el consejo y que obliga a las editoriales a registrar los datos de los psicólogos que los compran.

Al respecto, la Magistratura constitucional brasileña distinguió entre la aplicación de pruebas psicológicas (con fines de diagnóstico, orientación o tratamiento) y los productos editoriales diseñados para brindar elementos informativos para la mejor ejecución de las evaluaciones psicológicas. El diagnóstico y la orientación psicológica deben ser realizados únicamente por un profesional calificado, que debe utilizar como herramienta únicamente pruebas previamente certificadas por la CFP.

Por otro lado, la sentencia expresó que el mero acceso al contenido de una prueba psicológica, como ocurre con cualquier libro o publicación científica, «no habilita a nadie para practicar actos privados de los profesionales inscritos en el respectivo consejo». Así, se comparó la situación con restringir la compra de manuales y libros legales a los abogados registrados en la OAB.

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