Con disidencia.
TC acogió inaplicabilidad que impugnó normas que permitirían aplicar procedimiento de tutela laboral a funcionarios públicos.
La gestión pendiente incide en un recurso de unificación de jurisprudencia de que conoce la Corte Suprema.
El TC acogió un requerimiento de inaplicabilidad que impugnó los artículos 1, inciso tercero y 485 del Código del Trabajo.
La gestión pendiente incide en un recurso de unificación de jurisprudencia de que conoce la Corte Suprema.
La requirente estimó que los preceptos impugnados son contrarios a lo dispuesto en los artículos 6° y 7° de la Constitución Política, toda vez que vulnerarían el principio de juridicidad, que exige que toda potestad pública debe fundarse en el derecho, tanto en su origen como en su actuar, y que en la especie implica que los tribunales laborales no son competentes para ejercer jurisdicción respecto de funcionarios públicos, por lo cual, en caso contrario, se transgrediría el principio de supremacía constitucional.
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