Con voto en contra.
TC declara admisible inaplicabilidad de normas que regulan exclusión temporal para contratar con el Estado por condenas laborales, respecto de agencia de publicidad internacional.
La decisión fue acordada con el voto en contra de los Ministros García y Pozo, quienes estuvieron por declarar inadmisible el requerimiento, ya que no aparece los preceptos impugnados no han de tener aplicación en la gestión pendiente o no resultan decisivos.

l Tribunal Constitucional declaró admisible un requerimiento de inaplicabilidad, por inconstitucionalidad, que impugna los artículos 495, inciso final, del Código del Trabajo, y 4, inciso primero, segunda frase, de la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios.
Los preceptos impugnados disponen que no pueden contratar con la Administración quienes hayan sido condenados por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador, o por delitos concursales establecidos en el Código Penal. Y, asimismo, que la Dirección del Trabajo deberá llevar un registro de las sentencias condenatorias por prácticas antisindicales o desleales, para lo cual el Tribunal enviará a la Dirección del Trabajo copia de los fallos respectivos.
La gestión pendiente incide en autos laborales, seguidos ante el Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, en actual conocimiento de la Corte de Apelaciones de Santiago, por recurso de nulidad. En los que la requirente fue condenada una millonaria indemnización por incurrir en actos discriminatorios en contra de trabajadora que gozaba de fuero maternal.
Temas
Te puede interesar

Con voto en contra.
CS acogió recurso de casación en el fondo interpuesto en contra de sentencia que rechazó el reclamo de ilegalidad presentado por la recurrente en proceso contenciosos administrativo.

Control de Constitucionalidad
TC declaró constitucionalidad de Proyecto de Ley que establece roaming automático nacional.

Primera Sala.
TC admite a trámite inaplicabilidad que impugna normas del Código del Trabajo que vulnerarían igualdad ante la ley, debido proceso y derecho de propiedad de empresa.

