Con prevención y disidencias.
TC declaró constitucionalidad de normas contenidas en proyecto que moderniza procedimiento de toma de razón y registro electrónico.
Cabe recordar que la iniciativa tuvo su origen en un mensaje del Ejecutivo, e intenta promover la modernización del aparataje gubernamental y facilitar la relación entre los distintos servicios públicos y la Contraloría General de la República

El TC declaró constitucionalidad de las normas contenidas en el artículo 10 A del proyecto de ley sobre procedimiento de toma de razón y registro electrónicos (boletín 9173-07), que modifica la Ley Nº 10.336, de Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República.
Al efecto, cabe recordar que la iniciativa tuvo su origen en un mensaje del Ejecutivo, e intenta promover la modernización del aparataje gubernamental y facilitar la relación entre los distintos servicios públicos y la Contraloría General de la República, para lo cual el proyecto contempla facultar a la CGR tomar razón de manera electrónica –sea o no automática- y el registro electrónico según su ámbito de aplicación, tanto respecto de los actos administrativos sujetos a estas modalidades como en cuanto a los servicios que se someterán a dicha tramitación.
En su sentencia, aduce la Magistratura Constitucional que el artículo 10° A que el proyecto de ley sometido a control agrega a la Ley Nº 10.336, de Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República, al modificar el estatuto de la toma de razón y del registro, incide en las funciones y atribuciones propias de la Contraloría General de la República, materias propias de la ley orgánica constitucional a que aluden el inciso primero del artículo 98 y el inciso final del artículo 99, ambos de la Constitución Política, según lo razonado por esta Magistratura en sus sentencias roles N°s 168, de 13 de abril de 1993; 356, de 15 de julio de 2002; y 384, de 26 de agosto de 2003.
Te puede interesar

Segunda sala.
TC deberá pronunciarse si admite a trámite inaplicabilidad que impugna norma relativa a concesión minera.

Sin fundamento plausible.
TC declaró inadmisible inaplicabilidad que impugnaba sanción económica a establecimientos educacionales.

Exclusión de pruebas.
TC deberá pronunciarse si admite a trámite inaplicabilidad que impugna norma sobre apelación de auto de apertura.

