En votación dividida.
TC declara inaplicable el artículo 768 del CPC en aquella parte que impide la interposición del recurso de casación en la forma por determinadas causales en juicios seguidos por leyes especiales.
Se solicitó declarar inaplicable el inciso antepenúltimo del artículo 768 del CPC, en la parte en que impide pedir la anulación, por casación en la forma, de las sentencias que, pronunciadas en juicios regidos por leyes especiales, carecen de las consideraciones de hecho y de derecho que les sirven de fundamento, como lo exige…

Se solicitó declarar inaplicable el inciso antepenúltimo del artículo 768 del CPC, en la parte en que impide pedir la anulación, por casación en la forma, de las sentencias que, pronunciadas en juicios regidos por leyes especiales, carecen de las consideraciones de hecho y de derecho que les sirven de fundamento, como lo exige el numeral 4º del artículo 170 del mismo cuerpo legal.
La Corte de Apelaciones de Santiago dictó sentencia definitiva de segunda instancia, confirmando la de primera, en contra de la cual la requirente dedujo recursos de casación en la forma y en el fondo, fundando el primero en haber dejado ésta –ostensiblemente- de ponderar la voluminosa prueba rendida en la segunda instancia, incluyendo la propia inspección personal de la Corte, lo que constituye el vicio de no haberse extendido el fallo con arreglo a lo prevenido en el artículo 170 del CPC, por carecer de consideraciones o motivaciones, y que el artículo 768 N°5 de este cuerpo legal consagra como causal de procedencia de la casación en la forma.
Se sostiene que la disposición impugnada viola: a) el artículo 19, N° 3°, inciso quinto, de la Constitución, al prohibir que el justiciable inste por la anulación de una sentencia definitiva desconociendo así el deber de fundar las decisiones, sin perjuicio, además, que deja al afectado en la indefensión; b) el principio de la igualdad ante la ley en la protección de los propios derechos, puesto que si quienes litigan por el estatuto común pueden denunciar el hecho de que sus sentencias no sean motivadas, quienes accionan de acuerdo con leyes especiales no pueden hacerlo; y c) lo dispuesto en los artículos 8.1. y 25.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, en relación con el inciso segundo del artículo 5º de la Constitución, y el artículo 19, N° 26, de la Ley Suprema.
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