CS revoca sentencia de la Corte de Puerto Montt y deja sin efecto una de dos multas aplicadas por la Inspección del Trabajo.

Una empresa gastronómica recurrió de protección en contra de la Dirección del Trabajo de Puerto Montt, por cuanto esta última sancionó a la recurrente por supuestas infracciones a las normas laborales. Considera que se han invadido atribuciones privativas de los tribunales de justicia y, de ese modo, conculcado sus garantías constitucionales: el derecho a no ser juzgado por “comisiones especiales”, el derecho a desarrollar cualquier actividad económica y el derecho de propiedad.

Las multas se originaron cuando el organismo fiscalizador constató que la recurrida no llevaba un registro de asistencia de una trabajadora contratada por jornada parcial y por no pagar la semana corrida a otros trabajadores.

La Corte de Apelaciones de Puerto Montt acogió parcialmente la acción constitucional interpuesta, al estimar que en lo relativo al registro de asistencia “el fiscalizador procedió a interpretar por sí las cláusulas contractuales relativas a la relación laboral existente”, arrogándose “facultades propias y excluyentes de los tribunales” laborales. Pero lo desestimó en lo que dice relación con el no pago de la semana corrida, pues considera que el fiscalizador actuó dentro “de la esfera de sus atribuciones privativas”, limitándose a “verificar dichas infracciones”, más aún cuando “la jurisprudencia de la Dirección del Trabajo ha establecido que los trabajadores que están remunerados por hora tienen derecho al beneficio de la semana corrida”, señala el fallo de primer grado.