CS confirmó fallo de la Corte de Copiapó que acogió acción de protección deducida por un funcionario público a quien se desvinculó de su cargo por salud incompatible.

Un funcionario público dedujo acción de protección en contra de la Municipalidad de Copiapó, que puso término a su nombramiento por salud incompatible sin esperar el pronunciamiento de la Superintendencia de Seguridad Social que eventualmente haría procedente su recalificación como enfermedad de tipo laboral, lo que el recurrente estima contrario a su derecho a la igualdad ante la ley.

La municipalidad informó que la decisión adoptada no vulnera garantía constitucional alguna, toda vez que el decreto impugnado constituye un acto administrativo que goza de presunción de legalidad.

La Corte de Apelaciones de Copiapó acogió la acción constitucional, razonando que la autoridad edilicia se encuentra impedida de hacer uso de esa facultad y calificar “que la salud del recurrente es incompatible con el desempeño del cargo por el hecho de haber hecho uso de licencia médica en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años”, toda vez que la entidad llamada a determinar si la enfermedad que aquejó al trabajador se produjo a consecuencia del desempeño de sus funciones debe derivar aún el “pronunciamiento a otra entidad superior” –SUSESO-, lo que obliga a posponer la decisión de la Municipalidad.