Se solicitó declarar inaplicable, por inconstitucional, el artículo 26 de la Ley N° 18.216, que establece medidas que indica como alternativas a las penas privativas o restrictivas de libertad y deroga disposiciones que señala.
La norma legal: “Si durante el período de cumplimiento de alguna de las medidas alternativas que establece esta ley, el beneficiado, comete un nuevo crimen o simple delito, la medida se entenderá revocada por el solo ministerio de la ley”.
La gestión pendiente invocada incide en un recurso de apelación seguido ante la Corte de Apelaciones Santiago, interpuesto en contra de la resolución de un Juzgado de Garantía de Santiago que revocó el beneficio de libertad vigilada de que gozaba la requirente, por haber cometido un delito mientras se encontraba vigente la medida alternativa.
Estima que de aplicársele la norma impugnada se vulnera su derecho al racional y justo procedimiento, el principio de inocencia y el principio de inavocabilidad, por cuanto se revisan los fundamentos de hecho y derecho de la condena impuesta originalmente, reviviéndose un proceso fenecido.
La sala designada por el Presidente del TC tendrá que resolver si admite a trámite la impugnación, para luego pronunciarse sobre su admisibilidad. En el caso que se declare admisible, le corresponderá luego al Tribunal Pleno emitir pronunciamiento sobre el fondo de la impugnación.

Vea texto íntegro del requerimiento y del expediente Rol N°2064.

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