Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Venezuela declaró inejecutabilidad de fallo de Corte Interamericana de Derechos Humanos.

En el marco de un control de constitucionalidad, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela declaró la inejecutabilidad del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que anuló las resoluciones del Contralor General que había declarado la inhabilitación del ciudadano Leopoldo López Mendoza, y exigió que el Estado garantice que las sanciones de inhabilitación no constituyen impedimento para la postulación del ciudadano a procesos electorales.

Esta decisión tiene su origen en una petición del Procurador General de Venezuela, mediante el ejercicio de la acción innominada de control de constitucional, que perseguía declarar la inejecutabilidad e inconstitucionalidad de la sentencia aludida de la Corte Interamericana, por estimar que ésta contraviene la supremacía constitucional y violenta la autonomía de los poderes públicos venezolanos.

En cuanto a su competencia para asumir esta petición, la Sala Constitucional declaró que, a pesar de no contar con una atribución expresa en la nueva Ley Orgánica del Tribunal Supremo del año 2010, su competencia emana del establecimiento del principio de supremacía constitucional y de la necesidad de adecuada implementación de las decisiones emanadas de órganos internacionales, por lo que “ante la omisión de la Asamblea Nacional de dictar las normas necesarias para dar cumplimiento a las decisiones de los organismos internacionales y/o para resolver las controversias que podrían presentarse en su ejecución, esta Sala Constitucional asume la competencia para verificar la conformidad constitucional del fallo emitido por la Corte Interamericana”.