TC declaró inadmisible y tuvo por no presentado para todos los efectos legales requerimiento de inaplicabilidad que pretendía evitar la libertad condicional del Mayor (r) Cereceda.

El TC declaró inadmisible y tuvo por no presentado para todos los efectos legales un requerimiento de inaplicabilidad que impugnaba lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política.

La gestión pendiente invocada consiste en un recurso de aclaración, rectificación y enmienda en contra de la sentencia de la Corte Suprema que, confirmando la de la Corte de Apelaciones de Santiago, acogió un recurso de protección interpuesto por el Mayor (r) Patricio Cereceda en contra de una decisión de la SEREMI Metropolitana de Justicia que le negó el beneficio de la libertad condicional. La sentencia reconoció el derecho a la libertad condicional del recurrente de protección (véanse relacionados).

En su presentación, la requirente señala que ni la Constitución ni la ley definen lo que deba entenderse como precepto legal para los efectos de la acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, por lo que cabe conceptualizarla como cualquier norma jurídica, lo que autorizaría plantear esta acción frente a un precepto constitucional. Agrega que mediante el recurso de protección no cabe efectuar un control de la legalidad de los actos de la Administración, pues éste sólo tiene por objeto dar tutela urgente a derechos constitucionales, menos aún podrían los jueces revisar los fundamentos de hecho de una decisión de la autoridad política en el ejercicio de su función política o de gobierno, lo que vulneraría la autonomía constitucional de ésta.