La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó la acción constitucional y la Corte Suprema confirmó la sentencia en alzada.
El máximo tribunal tuvo presente que el conflicto jurídico planteado respecto de la línea de crédito y las comisiones “se encuentra inserto en la relación contractual que liga al recurrente con la institución bancaria recurrida, no pudiendo a través de esta acción constitucional, zanjar el asunto contractual en disputa, porque ello excede el ámbito del recurso de protección”, al pretender el actor que se dejen sin efecto los cobros, lo cual se considera que “es ajeno a una medida de resguardo de derechos y constituye a no dudar, una declaración de éstos a favor del peticionario”.
En cuanto a lo obrado por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, se descarta ilegalidad o arbitrariedad, pues se formuló un reclamo por el recurrente, se le dio curso y se recabaron los antecedentes, “absteniéndose en la actualidad de emitir decisión por haberse presentado este recurso de protección”.
Vea texto íntegro de la sentencia.
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