Diputados proponen eliminar requisitos exigidos para la aplicación de la prisión preventiva y adecuarlos a la Constitución Política.

La moción de los diputados Calderón, Eluchans, Hoffmann, Letelier, Salaberry, Squella, Ward y Zalaquett expone que la prisión preventiva es una medida cautelar personal, destinada a privar de libertad a los imputados en circunstancias que las otras medidas no sean suficientes conforme a los criterios adoptados por el juez, para asegurar las finalidades del procedimiento, la seguridad del ofendido o de la sociedad. En este contexto, añade que durante el último periodo esta institución ha perdido el carácter de política criminal, destinada principalmente al bien común y la seguridad de la sociedad.

Observa luego que los criterios adoptados para adoptar esta medida buscan racionalizar y limitar al máximo su utilización, destinados a mantener un criterio de proporcionalidad en relación con la posible pena. Sin embargo, en la actualidad los fiscales se ven impedidos de poder solicitar la prisión preventiva por no contar con los requisitos establecidos en el artículo 140 del Código Procesal Penal, siendo incluso más excesivos que los estándares fijados por el artículo 19 N° 7 de la Constitución, por tanto, las formulaciones de cargos quedan sometidas principalmente a las medidas cautelares de arraigo y de firma, lo que lleva a que la discusión de la aplicación de la prisión preventiva se centre en cumplir con los parámetros fijados por el texto legal, y no en el riesgo que presenta el imputado para la sociedad o para la víctima.

Con el objeto de subsanar esta deficiencia y adecuar la medida a los principios de la Constitución Política, la iniciativa propone eliminar los requisitos de la letra a) y b) que dicen relación a los antecedentes que permitan presumir la existencia de delitos y la participación del imputado, y solamente contemplar como exigencia el establecido en la letra c) “Que existen antecedentes calificados que permitieren al tribunal considerar que la prisión preventiva es indispensable para el éxito de diligencias precisas y determinadas de la investigación, o que la libertad del imputado es peligrosa para la seguridad de la sociedad o del ofendido”.