El proyecto de ley, iniciado por mensaje, expone que “nuestro sistema de educación superior requiere mejoras importantes”, las que deben orientarse hacia “modificar el sistema de financiamiento”; el “hacer más riguroso y transparente el sistema de acreditación de calidad”; el “incrementar la transparencia del sistema en general”; y “modernizar el sistema de gobierno corporativo de las universidades estatales, eliminando las discriminaciones injustificadas.”
La iniciativa crea así la Superintendencia de Educación Superior, como “un servicio público funcionalmente descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio”, que tendrá por objeto “fiscalizar a las universidades, institutos profesionales y centro de formación técnica, en las materias de su competencia”, y será encabezada por el Superintendente de Educación Superior, como un “funcionario de la exclusiva confianza del Presidente de la República.”
Para desarrollar sus fines podrá -de oficio o a petición de parte- fiscalizar en materias tales como cumplimiento de las obligaciones de información, realizando u ordenando auditorías respecto de ella, cuando existan sospechas fundadas de su veracidad y exactitud; cumplimiento de la prohibición de efectuar publicidad engañosa; imponer las sanciones correspondientes por infracción a las normas legales y reglamentarias, entre otras.
Por otra parte, la iniciativa modifica la Ley de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, en lo que se refiere a las normas sobre información que deben entregar las instituciones de educación superior.
Finalmente, se introducen normas en la Ley General de Educación que obligan a las universidades no estatales a incorporar en sus órganos de dirección a directores independientes y regulando las operaciones que se efectúen entre las universidades y sus personas relacionadas, entre otras enmiendas que el proyecto de ley consulta.
Vea texto íntegro del mensaje.
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