Se dedujo acción de protección en contra del Secretario Regional Ministerial de Salud de la Sexta Región, por cuanto puso término anticipado a la contrata de un funcionario, invocando razones de buen servicio.El funcionario estimó que el acto recurrido es arbitrario e ilegal, conculcando sus garantías constitucionales.
La Corte de Apelaciones de Rancagua rechazó la acción constitucional, pero la Corte Suprema revocó la sentencia en alzada.
En su fallo constató que la Contraloría General de la República no dio curso a la resolución que puso término al contrato del actor, pues la contrata inicial no contenía la reserva “mientras sean necesarios sus servicios”. En efecto, el organismo público “está impedido de poner término a la relación laboral del afectado antes de la data señalada en el acto de nombramiento”.
Concluye declarando ilegal el acto recurrido y atendido lo obrado por la Contraloría, agrega que “no hay resguardo que adoptar”, a pesar de lo cual se “adoptará una medida de cautela a favor del actor para el evento que no se haya materializado la decisión de la Contraloría, pues de lo contrario, si no reintegrara al actor a sus funciones y no se pagaran sus emolumentos se afectaría su derecho de propiedad respecto de estos últimos”.
Vea texto íntegro de la sentencia.
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