TC se pronunciará sobre el fondo de un requerimiento de inaplicabilidad que impugna norma que obliga a sociedades de inversión a pagar patente municipal.

La gestión pendiente invocada incide en un recurso de casación en el fondo, que conoce la Corte Suprema, mediante el cual se pretende anular una sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, que desestimó un reclamo de ilegalidad.

La Primera Sala del TC declaró admisible el requerimiento de inaplicabilidad, por cuanto los antecedentes examinados permiten concluir que se dio cumplimiento a los requisitos exigidos por el artículo 93, inciso decimoprimero, de la Constitución Política, en relación con lo previsto en el artículo 84 de la LOCTC, toda vez que el precepto legal impugnado podría resultar decisivo en la gestión judicial; la acción de inaplicabilidad deducida se encuentra razonablemente fundada; y que no concurre, en la especie, ninguna de las causales de inadmisibilidad previstas en el artículo 84 de la LOCTC.

La decisión fue acordada con el voto en contra de los Ministros Fernández Fredes y García, quienes estuvieron por declarar inadmisible el requerimiento, por cuanto arguyen que carece de fundamentación razonable, por lo que no puede declararse admisible.