Con voto disidente.
TC rechazó requerimiento de inaplicabilidad que impugna normas de la LOC de Municipalidades y de la Ley General de Servicios Eléctricos
no se vulnera el Estado Unitario, toda vez que éste –y recurriendo a los autores Verdugo, Pfeffer y Nogueira– “significa reconocer que el Estado chileno tiene un solo centro de impulsión política, que está dado por los órganos del gobierno central; sólo el Gobierno y el Congreso desarrollan la función legislativa, no hay ningún otro organismo que tenga competencia legislativa”.
El TC rechazó un requerimiento de inaplicabilidad que impugnaba los artículos 5°, letra c), y 12 del Decreto con Fuerza de Ley N° 1/2006 del Ministerio del Interior, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, y de los artículos 15, 124, inciso primero, y 221 del Decreto con Fuerza de Ley N° 4/20.018, de 2006, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del Decreto con Fuerza de Ley N° 1, de Minería, de 1982, Ley General de Servicios Eléctricos.
La gestión pendiente invocada incidía en una causa sobre reclamo de ilegalidad contra la Ordenanza Municipal dictada por la Alcaldesa de la I. Municipalidad de Ovalle, de que actualmente conoce la Corte Suprema mediante un recurso de casación en el fondo.
El requirente establece que las normas en cuestión vulneran el artículo 19 N° 21° de la Carta Fundamental; además, en su conjunto y cada una de ellas, son contrarias a la “libertad de industria”; ésta se infringe porque autorizan a que una simple ordenanza municipal pueda limitar y restringir el ámbito de desarrollo de la libertad económica.
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