La Cámara de Diputados, aprobó –con 41 votos a favor, 23 en contra y 12 abstenciones- el informe presentado por la Comisión de Derechos Humanos, a la cual se le asignó la investigación de determinar eventuales irregularidades en el proceso de aprobación del proyecto de Hidroaysén.
La Comisión, tuvo como misión obtener la mayor cantidad de antecedentes sobre “las actuaciones de la Dirección Regional de Evaluación Ambiental de Aysén”, además de recabar toda la información existente que involucra a “ministros de Estados en presiones indebidas a funcionarios públicos” y la omisión en las fiscalización y requisitos exigidos por la ley ambiental.
Entre los puntos más destacados del documento, indica que los procesos de evaluación ambiental no cuentan con la rigurosidad exigida para megaproyectos como el de Hidroaysén, esto porque sólo cuenta con funcionarios de Gobierno a cargo de verificar que se cumplan con los procedimientos institucionales, no contemplando reglamentos que inhabiliten a los funcionarios que tengan algún conflicto de interés y haga más transparente el proceso de evaluación. Asimismo, el informe señala que otro de los actos calificados incluso como “fraude a la ley”, se debió a que “el titular del proyecto decidió tramitar, de manera separada, el proyecto de generación y el proyecto de transmisión, en circunstancias que, evidentemente, se trata de un solo proyecto, ya que existe interdependencia funcional y física entre ellos, porque la línea de transmisión sólo transportará la electricidad de HidroAysén y la generación de ésta, sólo puede ser conducida por dicha línea”.
Por otra parte, se estima que se está infringiendo tratados internacionales ratificados por Chile, como la “Conveción de Washington” y el artículo 19 N° 8 de nuestra Constitución Política, relativa al derecho de vivir en un medio ambiente libre de contaminación, ya que “el Estado no está velando para que este derecho no sea afectado y no está tutelando la preservación de la naturaleza”.
Concluye el documento, haciendo un llamado a los legisladores para dictar normas que prohíban este tipo de práctica, además de efectuar siempre un examen de legalidad a este tipo de iniciativas y dejar sin efecto los aquellos que presenten algún tipo de anomalía detectada en este informe.
Finalmente, indica que es imposible que en la realización de estos megaproyectos se desentiendan completamente de la opinión ciudadana, especialmente cuando la mayoría de la población nacional, ha manifestado su disconformidad ante el proyecto de Hidroaysén.
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