Diario Constitucional

Después del control obligatorio.

TC declara inconstitucionalidad de normas contenidas en proyecto de ley que regula la instalación y funcionamiento de antenas de telecomunicaciones.

En el marco de un control preventivo y obligatorio de constitucionalidad, el TC declaró la inconstitucionalidad de normas contendidas en el proyecto de ley –en particular de los incisos sexto y séptimo del artículo 19 bis– que regula la instalación de antenas emisoras y transmisoras de servicios de telecomunicaciones. El proyecto de ley, iniciado por…

Por Redacción·18 de mayo de 2012·7 min de lectura
TC declara inconstitucionalidad de normas contenidas en proyecto de ley que regula la instalación y funcionamiento de antenas de telecomunicaciones.
Referencial

En el marco de un control preventivo y obligatorio de constitucionalidad, el TC declaró la inconstitucionalidad de normas contendidas en el proyecto de ley –en particular de los incisos sexto y séptimo del artículo 19 bis– que regula la instalación de antenas emisoras y transmisoras de servicios de telecomunicaciones.

El proyecto de ley, iniciado por mensaje de abril de 2007, establece nuevas normas acerca de la instalación y funcionamiento de antenas de telecomunicaciones, exceptuando, sin embargo, a las antenas de bomberos, radioaficionados y las que se utilicen en servicios de utilidad pública.

En su sentencia, la Magistratura Constitucional declaró, en primer término, la constitucionalidad, en el entendido que indica, de normas orgánicas constitucionales del proyecto de ley remitido, específicamente de la letra e) del inciso sexto, y el inciso noveno, del artículo 116 bis F, contenido en la letra b) del artículo 1° permanente del proyecto sometido a control, en el entendido que dejan a salvo todos los mecanismos de impugnación jurisdiccional y administrativa, que legal y constitucionalmente sean procedentes respecto de los acuerdos y las certificaciones a que alude el párrafo séptimo de la letra e) del inciso sexto, del artículo 116 bis F en examen, y, a su turno, del inciso octavo, del artículo 4° transitorio, del mismo proyecto de ley remitido en el entendido que quedan a salvo todos los mecanismos de impugnación jurisdiccional y administrativa que, legal y constitucionalmente, sean procedentes respecto de los acuerdos y las certificaciones a que se alude en su texto.

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