CIDH reconoce a Corte Suprema de México por adopción de protocolo para casos que involucren orientación sexual o identidad de género.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) destacó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de México por la adopción de un protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren la orientación sexual y la identidad de género, de conformidad con normas vinculantes e internacionalmente reconocidas en materia de derechos humanos. Asimismo, la CIDH hizo un reconocimiento al importante papel del Presidente del máximo Tribunal mexicano Juan N. Silva Meza, en esta importante iniciativa.

La CIDH destacó que este protocolo judicial, no obstante no ser vinculante, ofrece algunos principios orientadores clave dirigidos a jueces/juezas para dictar sentencia en casos que involucren la orientación sexual o la identidad de género y, en cierta medida también, la diversidad corporal.

A lo largo de los años, la CIDH ha recibido información perturbadora acerca de los numerosos obstáculos que enfrentan las personas LGBTI en el acceso a la justicia, entre ellos el trato inadecuado, e incluso el maltrato, arraigado en prejuicios, a manos de agentes de seguridad y funcionarios del Estado en la administración del sistema de justicia; la poca prioridad que se asigna a estos casos dentro del sistema de administración de justicia y la ineficacia del sistema judicial para abrir líneas de investigación que tomen en cuenta la orientación sexual o la identidad de género de la víctima, particularmente en lo que se refiere a la investigación de homicidios y actos de violencia contra personas LGBT o contra aquellas que son percibidas como tales. Estos obstáculos están relacionados con ideas erróneas de funcionarios de la administración del sistema de justicia acerca de estas personas. En consecuencia, muchas personas LGBTI no acuden a los sistemas judiciales cuando son víctimas de violaciones a sus derechos humanos. Esta situación contribuye también a la falta de confianza generalizada en el sistema judicial que tienen las personas LGBTI y en su capacidad para responder de manera adecuada frente a los abusos a sus derechos humanos.