CGR se pronuncia sobre conflicto de interés en distribución de fondos concursales a Universidad.

Se consultó a la Contraloría General de la República -por parte del Intendente de la Región de Arica y Parinacota- acerca de si en el ejercicio del cargo que indica puede intervenir en decisiones relacionadas con la Universidad de Tarapacá (UTA), en la cual es titular de una plaza académica.

Por su parte, la UTA informó que no obstante su nombramiento como Intendente, desde el año 1989 el recurrente mantiene en ese establecimiento de estudios superiores la propiedad de un empleo de ‘académico jornada completa’. Agregó que ella regularmente postula al financiamiento de proyectos vinculados al Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) y otros que menciona, y que tiene conocimiento que atendido dicho vínculo se ha el Intendente que consulta se ha abstenido de intervenir en las respectivas decisiones.

Al efecto, la CGR sostuvo que se debe tener presente el principio de probidad administrativa, consagrado constitucionalmente, y regulado en el artículo 52, de la ley 18.575, precepto que lo dota de contenido y que “consiste en observar una conducta funcionaria intachable y un desempeño honesto y leal de la función o cargo, con preeminencia del interés general sobre el particular”. Asimismo, el artículo 62, N° 6, incisos segundo y tercero, del mismo cuerpo legal, prevé que contraviene especialmente esa directriz, participar en decisiones en que exista cualquier circunstancia que reste imparcialidad al involucrado, en cuyo caso, deberá abstenerse de intervenir en ellas.