Parcialmente.
TC acogió inaplicabilidad que impugnó normas de la Ley de Transparencia y de la Ley General de Bancos.
La decisión fue acordada con el voto en contra de los Ministros Fernández Fredes y García, quienes estuvieron por rechazar la acción de inaplicabilidad deducida.
El TC acogió un requerimiento de inaplicabilidad que impugnaba el artículo 5 de la Ley N° 20.285, sobre Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, y el artículo 7° de la Ley General de Bancos.
La gestión pendiente incide en autos sobre recurso de queja que conoce la Excma. Corte Suprema.
En su sentencia, adujo en lo grueso la Magistratura Constitucional que, tal como lo sostuvo en las STC 2246/2012, 2153/2013 y 2379/2013, la Ley N° 20.285 introduce el concepto de información. Esta expresión, como ya lo señaló esta Magistratura (STC 1990/2012), no la usa la Constitución. En cambio, la Ley N° 20.285 la utiliza en abundancia, desde el título de la ley misma (“Sobre acceso a la información pública”) hasta en una serie de disposiciones. Baste señalar que el derecho de acceso es definido como “solicitar y recibir información” (artículo 10, inciso primero).
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