El proyecto de ley, iniciado por moción de los diputados Ceroni, Farcas, Gutiérrez, Insunza, Monckeberg, Saffirio, Soto, Squella y Provoste, propone modificar el Código Orgánico de Tribunales, en cuanto al requisito de práctica profesional para obtener el título de abogado.
La iniciativa sostiene que el inciso final del artículo 523 del Código Orgánico de Tribunales, establece que la obligación de cursar la práctica profesional, se entenderá cumplida por los postulantes que sean funcionarios del Poder Judicial durante cinco años, y que se encuentren en las primeras cinco categorías del escalafón del personal de empleados u oficiales de secretaría: excepción que el proyecto no considera razonable e incluso se estima discriminatorio que esta excepción sólo se aplique para los funcionarios de un sólo Poder del Estado.
Y es que, se expone por los autores del proyecto que existen muchos funcionarios, empleados o trabajadores de la Administración del Estado y del Congreso Nacional, que han cursado la carrera de derecho, y que no han podido titularse, básicamente por lo difícil que resulta conciliar el ejercicio de sus funciones laborales con la práctica profesional.
Por tales motivos, la moción viene «a establecer un trato justo con todos aquellos servidores públicos, funcionarios o trabajadores que se desempeñan en la Administración del Estado y del Congreso Nacional», mediante la modificación que incluiría a todos los funcionarios o empleados de la Administración centralizada y descentralizada del Estado y del Congreso Nacional, en la excepción de homologar el requisito de la práctica profesional, si han desempeñado funciones por al menos un año en dichos órganos del Estado.
De igual modo, ese mismo plazo se homologa a los funcionarios del Poder Judicial, rebajando los actuales 5 años contemplados.
La iniciativa se encuentra en primer trámite constitucional, en análisis por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara de Diputados.
Vea texto íntegro de la moción, discusión y análisis.
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