En días recientes, un grupo de diputados presentaron dos iniciativas destinadas a fortalecer la Ley N° 20.066, sobre violencia intrafamiliar, como consecuencia del extenso informe realizado por el Departamento de Evaluación de la Ley de la Cámara de Diputados, que propuso diversas modificaciones al cuerpo legal vigente con el objeto de mejorar su aplicación práctica, y hacer frente al aumento de denuncias por maltrato, lesiones y amenazas.
Al efecto, la primera moción (Boletín N° 10.044) plantea incorporar disposiciones destinadas a regular el tratamiento de personas que se encuentren con algún tipo de capacidad limitada, perfeccionamiento de la sanciones que contempla el cuerpo legal, y algunas normativas dirigidas a la próxima entrada en vigencia del AUC.
En ese sentido, los autores de la iniciativa arguyen que si bien el concepto de violencia intrafamiliar de la citada ley es amplio, no existe certeza si incorpora la figura de convivientes del mismo sexo, en concordancia con la recién promulgada ley que crea el Acuerdo de Unión Civil, por lo cual la iniciativa incorpora tácitamente a los convivientes.
Asimismo, indicaron que, en cuanto al maltrato constitutivo de violencia intrafamiliar, que corresponde a una multa cuyo valor varía de acuerdo a la gravedad del hecho cometido, predomina la opinión de que la pena de multa provocaría el efecto no deseado de agravar ciertas situaciones de tensión, vinculadas esencialmente a la situación económica del grupo familiar, lo que a su vez provocaría actos de violencia en lugar de disuadirlos, de ahí que se propone restablecer la posibilidad de conmutar la pena de multa por trabajos realizados en beneficio de la comunidad.
Por otra parte, la segunda iniciativa (boletín N° 10045), propone incorporar en el articulado de la ley de Violencia Intrafamiliar a las personas con discapacidad.
De esta manera, el nuevo texto señala que el desarrollo de políticas y programas en esta materia, deberán contemplar formas adecuadas de asistencia y apoyo que tengan en cuenta el género y la edad de las personas en situación de discapacidad y sus familiares y cuidadores.
En cuanto a las normativas complementarias, lo parlamentarios manifiestan que la ley tomará en cuenta, además de lo reglado en la Convención sobre los Derechos del Niño, las normas de la Convención sobre los derechos de las Personas con Discapacidad.
En relación a la obligación de los Tribunales de Justicia, el proyecto expone en esencia que deberán proteger especialmente a los niños, niñas y adolescentes, personas en situación de discapacidad y adultos mayores, cuando sean víctimas directas, indirectas o colaterales de violencia intrafamiliar. Agrega que el juez, de acuerdo con el ofensor y una vez ejecutoriada la sentencia, pueda conmutar la multa por la realización de trabajos determinados en beneficio de la comunidad.
Corresponde ahora que las iniciativas sean analizadas por la Comisión de Familia de la Cámara de Diputados.
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