La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación ante el endurecimiento de las acciones contra personas migrantes y sus defensores en México, el cual estaría teniendo lugar desde la puesta en marcha del “Plan Frontera Sur”.
En virtud de los antecedentes recibidos por la CIDH, a partir de la puesta en marcha del Plan Frontera Sur, en julio de 2014, las autoridades habrían endurecido sus acciones contra las personas migrantes y sus defensores, y se habrían incrementado las medidas de seguridad en la frontera sur de México, creando, por una parte, una Gendarmería en Tapachula, Chiapas, consistente en 5.000 agentes de la Policía Federal de México con entrenamiento militar y, por otra, nuevos puestos de control fronterizo, aumentando así las redadas y cuyo resultado ha significado un aumento del número de detenciones y deportaciones de personas migrantes desde 2014.
En este contexto, la CIDH manifestó su preocupación por las agresiones que habrían sufrido personas que trabajan en la organización “La 72, Hogar – Refugio para Personas Migrantes”, que son beneficiarias de la Medida Cautelar 273/11, otorgada por la CIDH el 19 de abril de 2013.
Conforme a lo anterior, la Comisión Interamericana manifiesta que es obligación del Estado mexicano adoptar todas las medidas necesarias a fin de garantizar el derecho a la vida, la integridad y la seguridad de los migrantes en tránsito por México, así como de los defensores y defensoras de derechos humanos de los migrantes, en forma inmediata y urgente.
Y es que, tal como lo hiciera en su informe “Derechos humanos de los migrantes y otras personas en el contexto de la movilidad humana en México” (Véase relacionado), la CIDH destacó y valoró el trabajo desempeñado por los defensores de derechos humanos y reitera al Estado mexicano la necesidad de garantizar condiciones de seguridad para defensores de personas migrantes, de manera especial en este caso dado que los defensores que trabajan en el albergue mencionado son beneficiarios de medidas cautelares vigentes de la CIDH.
Finalmente, la CIDH concluye reiterando la recomendación hecha al Estado mexicano sobre la necesidad de implementar medidas alternativas a la detención migratoria, reafirmando el requerimiento del Estado de observar garantías del debido proceso y de garantizar el derecho a buscar y recibir asilo, la protección del principio de no devolución (non-refoulement) y la prohibición absoluta de las expulsiones colectivas.
Vea texto íntegro del comunicadoNo. 065/15.
RELACIONADOS
*CIDH publicó Informe Anual 2014…
*CIDH solicita medida cautelar en favor de defensoras de derechos humanos en México…