Se reclamó ante la Contraloría General de la República –por parte de un exfuncionario de Carabineros de Chile- respecto de la legalidad cuyo término confirmó la baja por conducta mala, con efectos inmediatos, aplicada al interesado.

Al efecto, el órgano contralor sostuvo que la valoración de los medios prueba de los cuales alega el recurrente, conforme a la jurisprudencia de ese origen, es un aspecto que debe ser apreciado por quien sustancia la indagación y por la jefatura que ejerce la potestad sancionadora.

Enseguida, se sostiene que, a diferencia de lo planteado, que tal medida no fue determinada sobre la base de presunciones, sino que en atención a las probanzas reunidas en el proceso disciplinario, entre ellas, las grabaciones de conversaciones telefónicas –proporcionadas por el Ministerio Público-, en las cuales se establece la vinculación del afectado con una tercera persona imputada por infracción a la ley N° 20.000, en la entrega de droga y de información respecto de controles policiales, a objeto de que esta última no fuese sorprendida en su accionar, sin que el reclamante adoptara los procedimientos de rigor ni lo comunicara a su superior directo, situaciones que aquél reconocería en la declaración que prestó ante el investigador del referido proceso, lo que, en concepto de la pertinente autoridad, la facultó para resolver del modo en que lo hizo.

En cuanto a la falta de notificación de una resolución que invalidaría ciertas actuaciones del sumario, que no se señalan, y que le causaría indefensión, el dictamen arguye que no se advierte de qué manera lo alegado -que no consta se hubiese verificado-, pudo conculcar su derecho a defensa, pues el recurrente interpuso las diversas reclamaciones que la reglamentación institucional le confiere para garantizar ese derecho.

Y en torno a la falta de fundamentación de la resolución del General Director, que confirmó el referido licenciamiento, la Contraloría hace presente que, de su estudio, aparece que en ella se efectúa una exposición de los hechos investigados, se señalan cómo éstos se tuvieron por demostrados, expresa las infracciones concretas que se le atribuyen al exfuncionario y el castigo que se le impone, por lo que, a diferencia de lo alegado, tal instrumento está motivado.

De ese modo, conforme a lo anterior, concluye la CGR manifestando que el sumario administrativo impartido que confirmó la baja por conducta mala, se ajustó a derecho.

Vea texto íntegro del Dictamen Nº 54903 de 2015.

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