La Suprema Corte de Estados Unidos resolvió –por 6 votos a favor y 2 en contra- que el Congreso de su país actuó dentro de sus competencias al aprobar en el año 2012 una ley que indemnizó a los más de 1300 familiares víctimas del atentado ocurrido en el año 1983, contra el cuartel general de los marines en la capital de Líbano.
Los demandantes sostuvieron que el atentado en cuestión fue “orquestado” por Irán, acusando a Teherán de proporcionar apoyo material a la milicia chiita libanesa Hezbollah, en cuya fundación participó Irán.
En ese sentido, tras años de litigio, el máximo Tribunal confirmó fallos de cortes federales inferiores de 2007 y 2014 que determinaron que las familias de las víctimas de terrorismo debían recibir más de 2.000 millones de activos iraníes congelados en bancos de Estados Unidos, como el Citibank de Nueva York.
En su sentencia, la CS norteamericana determinó que la cuestionada ley “no transgrede las limitaciones impuestas al Congreso y al presidente por la Constitución", rechazando los argumentos esgrimidos por el Banco Central iraní, el cual apeló, afirmando que el Congreso se había extralimitado en sus funciones y violado la separación de poderes adoptando una resolución cuyo objetivo específico era intervenir en un caso penal.
Finalmente, cabe destacar que el aludido fallo fue emitido en un contexto sensible de aproximación entre ambos países, nueve meses después de la firma en Viena de un histórico acuerdo sobre el programa nuclear de Teherán.
Vea texto íntegro de la sentencia en caso Bank Markazi v. Peterson.
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