CPLT desestimó amparo de acceso a la información contra CDE por copia de mails y web visitadas.

Se dedujo amparo de acceso a la información en contra del Consejo de Defensa del Estado (CDE), fundado en la denegación de la información solicitada referida a la copia de emails enviados y recibidos por éste desde su casilla institucional durante diciembre de 2015 y que se informara páginas web visitadas en tal organismo durante diciembre desde computador institucional.

En sus descargos, el CDE expresó que si bien forma parte de la Administración del Estado, y se sujeta a las normas que la rigen, entre ellas la Ley de Transparencia, debido a la especial función que cumple este Servicio, lo dispuesto en su Ley Orgánica y, aquello a que obliga el secreto profesional de los abogados, no puede otorgar aquella información atingente a la función pública que desempeñan sus profesionales y funcionarios, especialmente sus abogados, pues pone en riesgo la defensa de los intereses del Estado o Fisco de Chile y de sus organismos, función que constituye una obligación legal a su respecto".

El Consejo para la Transparencia (CPLT) recordó, de conformidad a su decisión C1351-12 que en lo sucesivo aplicará los criterios en materia de unificación interpretativa de la Excelentísima Corte Suprema, contenidos en las sentencias Roles 2423-2012, 2582-2012 y 2788-2012 -sobre secreto profesional- de 28 de noviembre de 2012. En las sentencias referidas, la Corte Suprema señaló: "(…) la relación que entabla el Consejo de Defensa del Estado con el Fisco de Chile es una relación cliente-abogado y en esta virtud los antecedentes que recaba quedan sujetos a secreto profesional, secreto que (…) forma parte del derecho a defensa garantizado en la Constitución Política de la República" (considerando 20°), y que corresponde a la hipótesis de reserva descrita la letra a) del N° 1 del artículo 21 de la Ley de Transparencia, "(…) toda vez que teniendo el Consejo de Defensa del Estado por objeto, principalmente, la defensa judicial de los intereses del Estado, la publicidad de los antecedentes que obren en su poder y que él mismo genere en el marco de la decisión de defensa importa, entonces una violación del secreto profesional y con ello al derecho a defensa, cuestión que se traduce en una afección directa a la función del órgano (…)" (considerando 22°).