El Centro de Estudios Públicos (CEP), en su sección Puntos de Referencia, publicó: “¿Hacia dónde vamos en salud? Cómo avanzar hacia un sistema de seguros sociales.
El texto recuerda que el sistema de salud chileno históricamente ha combinado la provisión de servicios médicos por parte del Estado y de los privados. Sin embargo, indica que, si bien en sus orígenes la provisión de seguros de salud fue mixta, el esquema actual con múltiples seguros es reciente provocando el cuestionamiento por parte de diversos sectores de la ciudadanía, quienes han discutido entorno a su continuidad y a la posibilidad de avanzar hacia un sistema de seguro único, lo que implicaría terminar con las Isapres.
Al efecto, el CEP hace presente que en la actualidad la regulación asociada a cada subsistema así como la interacción de éstos, cuyas lógicas son diferentes, tiene como consecuencia, por una parte, una segmentación en la que las personas con peor estado de salud, de mayor edad y de menores ingresos se agrupan en el Fonasa y el resto, en las Isapres; y, por otra parte, este esquema conlleva a que cada uno enfrente problemas diferentes, según sus características específicas (escasez de médicos y camas y listas de espera en el Fonasa, y altos precios y baja cobertura de preexistencias en las Isapres).
En razón de lo antes expuesto, el CEP señala que se han planteado principalmente dos propuestas: un seguro único y un modelo basado en múltiples seguros sociales (con participación de aseguradores privados y estatales). Aunque indica que, en el corto plazo habría acuerdo en la necesidad de cambiar el subsistema de Isapres por uno de seguros sociales de salud, no es claro cómo sería la transición a alguno de los dos esquemas propuestos para el largo plazo.
Así, el texto intenta abordar los problemas de acceso desigual, sobre todo de los más enfermos, de mayor edad y de menores recursos, así como la calidad de los planes y la atención en salud, mediante un diseño de seguros de salud que fomente la competencia por calidad y menores precios, y evite la selección de personas de bajo costo (más sanos), como ocurre en la actualidad.
Por último, el CEP postula que, en una primera etapa, se transforme a las Isapres en seguros sociales de salud y paralelamente se adecúen los mecanismos de financiamiento, gestión y la institucionalidad del sector estatal para integrarlos en una segunda etapa. Para ello, se requeriría: (i) reducir la cantidad de planes ofrecidos, unificar su contenido en cuanto a beneficios y cobertura financiera (las GES, plan complementario y seguro catastrófico), así como reglas para acotar los precios de los planes; (ii) modificar el mandato de cotizar el 7% por la obligación de adquirir un plan de salud, lo que implica subsidios del Estado para quienes tienen menos recursos; (iii) libre afiliación (eliminación de la declaración de salud) y mecanismo de compensación de riesgos (pagos a las aseguradoras en base al riesgo de sus afiliados), que incluya todos los beneficios del plan y considere también el estado de salud de sus afiliados, para lo cual se presentan diversos esquemas de financiamiento; y (iv) reglas y herramientas adecuadas para aseguradoras y proveedores en salud (libertad para determinar sus contratos, integración de servicios, mecanismos de pago, entre otros).
Vea texto íntegro de la publicación.
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