Los integrantes de la Comisión Investigadora sobre Intervenciones en "barrios críticos" se reunieron en la sede de la Junta de Vecinos de la población La Legua, en San Joaquín, con el alcalde de la comuna, Sergio Echeverría, y dirigentes de organizaciones sociales.
Los diputados Farcas, Farías, Ojeda, Jackson, Funzalida, Bellolio, Arriagada y Fernández  escucharon testimonios sobre cómo se ha llevado a cabo el Plan Iniciativa La Legua, que ha significado la intervención policial y la implementación de varios programas sociales.
Cabe recordar que la población la Legua fue intervenida hace 15 años atrás, medida que incluyó la instalación de puestos permanentes de Carabineros y una serie de redadas lideradas por la PDI. Sin embargo, en abril pasado, el Instituto Nacional de Derechos Humanos publicó un informe, realizado entre el 2014 y 2015, cuya conclusión fue que esta intervención trajo al barrio más violencia y estigmatización.
El diputado Farcas señaló que “quisimos realizar una sesión en terreno para escuchar a dirigentes sociales y al alcalde, quienes manifestaron sus reparos a cómo operan los servicios del Estado. Por ejemplo, se denunció que un niño puede ser intervenido hasta por 8 sicólogos distintos, provenientes de distintos programas. Eso no puede ser y por eso necesitamos una política integral, que sea sinérgica”.
Con respecto al trabajo de Carabineros, el legislativo expresó que “los problemas de La Legua no se resuelven sólo con policías. Hay cosas muy importantes, como mejorar las luminarias, tener mayor infraestructura habitacional y deportiva, mejores colegios o acceso a la salud, pero solo con Carabineros no lograremos un mayor avance. Ahí entra el gran tema de la reinserción, porque no solamente vale tener penas más altas o un control preventivo de identidad, sino también reinserción social, que es la “pata coja” de las políticas de nuestro Gobierno”.
El diputado agregó que “nos preocupa lo que está pasando con denuncias de violaciones a los derechos humanos, particularmente en lo que se refiere a algunos abusos policiales y también del accionar de grupos delictuales, quienes son los grandes violadores de los derechos en La Legua”.
Finalmente el congresista dijo que “por ahora lo más importante es que se cumpla la promesa del Gobierno sobre los $20 mil millones destinados a inversión en este y otros cuatro barrios vulnerables del país”.
Por su parte, el diputado Arriagada señaló que “hemos escuchado testimonios dolorosos; saber que viven 15 personas en un sitio, que las personas sencillas conviven a diario con un nivel de violencia tremendo, nos ha permitido entender el desafío que tenemos como país para enfrentar el narcotráfico de manera seria y profunda”.
El legislativo agregó que “hay harto que analizar, porque interesa hablar de la parte financiera, de infraestructura, de los programas sociales, de la responsabilidad municipal y de los ministerios, además de la responsabilidad de las policías y lo que ocurre con las actuales leyes, por lo tanto, aún no es posible tener conclusiones, estamos en una etapa de escucha, donde todos los argumentos y testimonios son importantes”.
Por su parte, el diputado Ojeda afirmó que “en esta sesión ha quedado demostrado que los problemas de la Legua no sólo tienen que ver con el narcotráfico, sino que también con la pobreza y la precariedad. Prácticamente todos los dirigentes con quien tuvimos la oportunidad de conversar, expusieron las necesidades de esta población en materia de salud, trabajo, educación y mejoramiento de los espacios públicos, lo que demanda del estado una preocupación mayor”.
Agregó que el Gobierno quiere solucionar todo con la policía, sin embargo "tiene que haber otro tipo de intervenciones, de todos los organismos públicos y creo que el parlamento, como ente fiscalizador, tiene que hacer un llamado perentorio, duro y enfático para que concurra lo más rápido posible a esta población".

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