En una reciente publicación titulada “Racismo, crímenes sin resolver y escasa independencia judicial: suspenso a España en derechos humanos en 2016”, se destaca que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado al Estado español hasta en ocho ocasiones este año, de acuerdo a un informe de Rights International Spain, que ha identificado diversas vulneraciones del Convenio Europeo de Derechos Humanos, desde la libertad de expresión hasta el derecho a un juicio justo.
Al efecto, el texto aduce que el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de la ONU puso de manifiesto en un informe las “importantes lagunas” en materia de lucha contra el racismo en España. Esta opinión también es compartida por el Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, que hizo un llamamiento para que se erradiquen las “devoluciones en caliente” desde Ceuta y Melilla, además de criticar la falta de aplicación de los estándares internacionales en materia de desaparición forzada a las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo.
Así, se señala que el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de Naciones Unidas, tras someter a examen la situación de España en esta materia, advirtió de que dicho ordenamiento jurídico no sirve para luchar “de forma eficaz” contra la discriminación racial, en parte por la “falta de recogida del Gobierno de los datos necesarios para diseñar políticas contra el racismo”. En este punto, lamentan la paralización de la tramitación del Proyecto de Ley de Igualdad de Trato, que sí parecía implementar los principales estándares internacionales en este aspecto. La Federación estatal SOS Racismo sumó en 2015 un total de 247 denuncias por casos de racismo y xenofobia, de las cuales 96 podrían constituir un delito de odio.
Asimismo, el documento recuerda que este año se han producido intentos de fuga e incluso huelgas de hambre entre los extranjeros internos en los CIE pidiendo su liberación, además de manifestaciones de ciudadanos que exigían el cierre de estos centros. La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, llegó a asegurar que este tipo de centros “no están preparados”, mientras que tres juzgados de instrucción de Madrid exigieron la instalación de cámaras de seguridad en los mismos.
El mismo Comisario puso también el foco de atención en la Ley de Memoria Histórica y la Ley de Amnistía de 1977. De la primera destaca que su implementación es “deficiente” y “limitada”, dada la escasez de recursos destinados a esta ley. La segunda, explica, ha impedido en gran medida la investigación y castigo de los crímenes cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo. Este mismo martes, PP, PSOE y Ciudadanos rechazaron excluir de dicha ley a los torturadores del franquismo. Los populares alegaron que “una cosa es conocer los hechos y otra iniciar responsabilidades penales.
Finalmente, y en cuanto a la independencia del poder judicial, concluye el documento destacando lo preocupante del hecho que el Fiscal General del Estado sea nombrado por el rey, además del hecho de que solo rinda cuentas ante el mismo Gobierno que le ha elegido.
Del mismo modo, se advierte que el sistema de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial "pone en entredicho la independencia judicial". Estos miembros, recuerdan, son elegidos por el Parlamento como resultado de un acuerdo de cuotas entre los partidos políticos mayoritarios. Los expertos tachan este sistema de "amenaza potencial para la independencia".
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