El Instituto Libertad y Desarrollo (LyD), en su sección Temas Públicos, publicó el documento “Informe de la Comisión presidencial  de la Araucanía: un hito relevante”.

El texto sostiene que el trabajo de la Comisión Asesora Presidencial de La Araucanía, instancia que reunió a un grupo transversal compuesto por representantes de la sociedad civil, academia, gremios de la región, iglesias y personeros del mundo de la cultura y las artes, liderada por el obispo monseñor Héctor Vargas, es un aporte valioso que sienta un diagnóstico transversal en relación a los alcances, causas y vías consensuadas de resolución a los problemas de violencia y deterioro del Estado de Derecho en la zona del conflicto, integración y reconocimiento cultural, como también de rezago en términos de desarrollo económico que experimenta la zona en conflicto.

En opinión de LyD “la propuesta combina aspectos simbólicos que marcan un hito en materia de reconocimiento del carácter organizado y político de la violencia de connotación indígena, pero también avanza en un diagnóstico de política pública que apunta en la dirección correcta a la hora de someter a revisión la política de entrega de tierras y otros instrumentos que sólo han agudizado el conflicto en lugar de aplacarlo”.

Sin embargo, continúa el Instituto, deja entrever errores de diagnóstico en áreas como la representación política de los pueblos indígenas.

Una de las  propuestas es la dictación de una ley que crea un fondo de reparación a las víctimas de violencia en La Araucanía, como también la invitación a dar forma a una Comisión de Reparación de Víctimas de la Violencia en la región.  De acuerdo a LyD en el diseño de estos instrumentos habrá que ser cuidadosos para evitar la creación de incentivos inadecuados y contraproducentes al objetivo deseado.

Otra iniciativa tiene que ver con la entrega de tierras.  Para el Instituto parece crucial recoger la propuesta de la comisión orientada a crear un reglamento de comunidades y asociaciones indígenas que regule su creación, división, modificación o extinción, por cuanto existen incentivos perversos al abuso de la norma en términos de subdividir comunidades en aras de maximizar las reclamaciones de tierra, cuestión que en muchos casos agudiza el problema reivindicativo a partir de una reclamación ficticia y espuria.

El documento continúa, que más cuestionables parecen las sugerencias que la Comisión plantea en materia de representación política. En este sentido, el llamado a un reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas y dar forma a canales de representación política especial de los pueblos indígenas en el Congreso Nacional y la conformación de un padrón especial indígena,  no se hacen cargo, según LyD, de los déficits anteriores de representatividad política de las comunidades indígena y distorsionan el principio democrático de igualdad ante la ley y la máxima de que en un orden democrático la representación opera sobre la base de ideas y visiones de mundo y de política pública y no sobre la pertenencia, o no, a grupos específicos (sean minoritarios o mayoritarios) de la sociedad.

Por otra parte, LyD considera que el enfoque centrado en la capacitación de las comunidades y la incorporación de tecnología a su quehacer productivo, presente en muchas de las propuestas, permiten dotar de mayores ámbitos de autonomía y sustentabilidad financiera a comunidades indígenas que agregarán valor a sus actividades

De ese modo, LyD  concluye expresando que si bien se persiste en un mal diagnóstico en el área de representatividad política, el avance en materia de compensación a víctimas y la sugerencia de transformación de la política y la institucionalidad en materia de política de entrega de tierras también son puntos que deben ser destacados y reconocidos en la propuesta, que esperan sea el punto de partida para la consecución del objetivo común de paz social, integración y desarrollo para La Araucanía.

RELACIONADO

*LyD publicó “La Araucanía: Estado de derecho y mecanismos de presión”…