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Justicia y reparación.

Presentan ante la ONU informe sobre mujeres indígenas de Perú víctimas de esterilizaciones forzadas.

Al menos 18 mujeres han muerto en los últimos años por complicaciones derivadas de la esterilización forzada.

10 de mayo de 2017

Recientemente, la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (Onamiap) presentó ante la ONU un informe con el objeto de evidenciar casos de esterilizaciones forzadas durante el segundo mandato de Alberto Fujimori (1990-2000).

Cabe recordar que durante este período se implementó en Perú el Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar que dio como resultado la esterilización de cerca de 300.000 personas, incluidos unos 24.000 varones, principalmente de procedencia rural, con escasos recursos económicos y la mayoría indígenas, argumentando el Estado que tales procedimientos fueron realizados con consentimiento de las personas afectadas.

Ketty Marcelo López, presidenta de la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (Onamiap), denunció que "queremos que el mundo entero tenga conocimiento que hubo un presidente que quiso extinguir a los pueblos indígenas del Perú, porque este programa fue ejecutado principalmente en las comunidades indígenas andinas y amazónicas".

Asimismo, una grave consecuencia que se dio a conocer por parte de la Organización citada, es que al menos 18 mujeres han muerto en los últimos años por complicaciones derivadas de la esterilización forzada a la que fueron sometidas.
Un caso que destaca es el de Mamérita Mestanza, una mujer indígena de 33 años que fue reiteradamente presionada para que accediera a practicarse una ligadura de trompas y que falleció poco después de que se le realizara la intervención por una infección posoperatoria. Ella se presentó en 1999 a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y terminó en 2002 con una solución amistosa entre los denunciantes y el Estado, el que indemnizó a la familia y se comprometió a investigar de manera exhaustiva los hechos y penalizar a los responsables.

Conforme anterior, y frente al incumplimiento del compromiso señalado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció nuevamente al Estado peruano en el año 2010, tras lo cual se comprometió a reabrir los casos.

 

 

 

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