Se solicitó declarar inaplicable, por inconstitucional, el inciso primero del artículo 29 del D.L. N° 3.538, de 1980, Ley Orgánica de la Superintendencia de Valores y Seguros.
El precepto impugnado establece: “No obstante lo expresado en los artículos 27 y 28 al aplicar una multa, la Superintendencia, a su elección, podrá fijar su monto de acuerdo a los límites en ellos establecidos o hasta en un 30% del valor de la emisión u operación irregular”.
La gestión pendiente incide en autos sobre juicio sumario de reclamación de multa, sustanciados ante el 29° Juzgado Civil de Santiago, de que conoce actualmente la Corte de Apelaciones de Santiago por recurso de apelación.
El requirente estima que el precepto impugnado infringiría el principio de legalidad de la pena y el principio de proporcionalidad, toda vez que no define criterios, parámetros o principio alguno que permita graduar y aplicar una sanción legalmente determinada al caso concreto, ni tampoco establece criterios que establezcan una base de cálculo real y cierta para la determinación del límite superior de dicha sanción, deviniendo con lo anterior en una multa totalmente indeterminada.
La Sala designada por el Presidente del TC tendrá que resolver si admite a trámite la impugnación, para luego pronunciarse sobre su admisibilidad. En el caso que se declare admisible, le corresponderá luego al Tribunal Pleno emitir pronunciamiento sobre el fondo del requerimiento.
Vea texto íntegro del expediente Rol N° 3684-17.
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