El ex presidente de la Generalitat Carles Puigdemont y los cuatro 'exconsellers' que permanecen en Bélgica volverán a comparecer la próxima semana en los juzgados belgas.
Se efectuará, según ha confirmado la Fiscalía de Bruselas, el viernes 17 de noviembre en la Cámara del Consejo de Bruselas –un tribunal de primera instancia- que deberá decidir si ejecuta o no la orden europea de detención y entrega solicitada por España.
Cabe señalar que los cinco políticos son reclamados por la Justicia española por los delitos de rebelión, sedición, malversación de caudales públicos y desacato a la autoridad, entre otros cargos, en relación con el proceso secesionista de Cataluña.
El juez escuchará de nuevo uno a uno a cada uno de los cinco políticos catalanes, en audiencias individuales y a puerta cerrada, que se celebrarán en neerlandés, la lengua escogida por todos ellos para el procedimiento.
Los cinco políticos catalanes –Puigdemont, Toni Comín, Meritxell Serret, Clara Ponsatí y Lluis Puig- se entregaron voluntariamente a primera hora del domingo en una comisaría del centro de Bruselas.
El juez de instrucción encargado de decidir sobre su detención/liberación determinó que no presentaban un riesgo de fuga inminente y decidió liberarlos con condiciones: prohibición de abandonar Bélgica sin la autorización del juez de instrucción, la obligación de residir en una dirección fija (sea una hotel o un piso alquilado) y, por último, la obligación de presentarse ante las autoridades judiciales y policiales cuando sea convocado.
El próximo 17 de noviembre el juez de primera instancia -tendrá un plazo máximo de 24 horas para emitir sentencia- deberá pronunciarse sobre si acepta la petición de la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela de detención y entrega o si, por el contrario, acepta los argumentos de su letrado sobre el posible riesgo de que en España no pueda tener un juicio justo ni se respeten los derechos fundamentales.
Sea cual sea la decisión de esta Cámara del Consejo, las partes podrán recurrir la decisión primero ante la Corte de Apelación, que tendrá también 15 días para pronunciarse, y, en última instancia, ante la Corte de Casación, que cuenta con el mismo plazo para tomar la decisión definitiva. Por lo que el trámite se irá probablemente hasta 60 días, pasadas las elecciones del 21-D, o incluso a 90, en “circunstancias excepcionales”
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