La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sostiene que los Estados de la región reconocen en sus legislaciones los derechos de la niñez, sin embargo las brechas entre el reconocimiento legal y la realidad en la que viven millones de niños y niñas son obvias e innegables.
A continuación plantea que si bien el cumplimiento de las obligaciones internacionales contraídas por el Estado en materia de derechos de la niñez conlleva invertir los recursos necesarios para la realización de los mismos, es usual que los Estados aleguen la falta de recursos económicos para justificar la insuficiencia de medios destinados a las políticas, programas y servicios para la niñez.
Para la Relatora sobre los Derechos de la Niñez, Comisionada Esmeralda Arosemena de Troitiño, “los compromisos legislativos por sí solos no son suficientes y las promesas políticas son vanas si los Gobiernos no asignan recursos económicos adecuados para su cumplimiento en los presupuestos locales y nacionales”.
Enseguida agrega que “la protección de los derechos de la niñez, reconocidos en los tratados internacionales y en la legislación interna, no puede llevarse a cabo sin los recursos económicos suficientes para ello. Los Estados frecuentemente argumentan que no disponen del financiamiento necesario para implementar las políticas destinadas a la niñez, pero es indispensable y urgente superar esta situación.”
La CIDH señala que de acuerdo con el derecho internacional de los derechos humanos, el cumplimiento de las obligaciones internacionales en materia de derechos de la niñez implica asignar el máximo de los recursos disponibles para la realización de sus derechos, atendiendo a la obligación de protección especial a la niñez y al reconocimiento a su interés superior.
A pesar de ello, explica, es común que la información económica sobre la inversión que un Estado realiza en la niñez no se encuentre disponible para poder evaluar si el Estado efectivamente está priorizando asegurar los derechos de los niños y las niñas en sus presupuestos, y cómo este volumen de inversión se compara con los montos asignados a otros sectores y al total del presupuesto del Estado.
Por lo anterior, la Comisión solicita que los países de la región realicen esfuerzos concretos y decididos que conduzcan a una mayor y mejor inversión en la infancia y sus derechos. La mejora de los sistemas de datos e información es clave para mejorar la calidad de la inversión en infancia, así como disponer de métodos de monitoreo y evaluación que permitan hacer seguimiento a la misma y a los resultados obtenidos.
Asimismo, pide que los Estados analicen las repercusiones que las decisiones presupuestarias efectivamente han tenido sobre el cumplimiento de los derechos de los niños y las niñas, la cual debe hacerse ampliamente accesible al público en un lenguaje claro y de fácil comprensión, junto con los datos sobre el volumen de la inversión, como método de transparencia y rendición de cuentas.

Vea texto íntegro del comunicado

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