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Para evitar otros casos.

Abogados de Reino Unido quieren derogar secreto de confesión en caso de delitos como abusos sexuales.

La recomendación surgió debido a una investigación a abadías benedictinas y sus escuelas asociadas, después de que numerosas víctimas denunciaran que algunos sacerdotes y terceros habían cometido abusos sexuales a niños en los centros educativos.

5 de diciembre de 2017

En Reino Unido algunos abogados han recomendado que sea obligatorio para los sacerdotes romper el secreto de confesión, como un mecanismo para combatir los casos de abuso sexual.
La recomendación surgió debido a una investigación a abadías benedictinas y sus escuelas asociadas, después de que numerosas víctimas denunciaran que algunos sacerdotes y terceros habían cometido abusos sexuales a niños en los centros educativos. Para prevenirlos los sacerdotes debieran romper el secreto de confesión e informar en casos de abuso sexual, sostienen quienes postulan esa medida. Una ley de informe obligatorio habría cambiado su comportamiento y el de terceros, porque lo revelado en confesión, si fuere delitos, podría ser usado en los procesos legales, afirman.
El tema del secreto de confesión resurge cada vez que se descubre un caso de abuso sexual en torno a la Iglesia cuyos sacerdotes están sujetos a la obligación de no revelar los contenidos de una confesión, aún bajo amenaza de cárcel.
El Código de Derecho Canónico señala que “el confesor que viola directamente el sigilo sacramental, incurre en excomunión latae sententiae reservada a la Sede Apostólica; quien lo viola solo indirectamente, ha de ser castigado en proporción con la gravedad del delito”.
No es la primera vez que se intenta derogar el secreto de confesión.
En 2016, la Corte Suprema de Louisiana, en Estados Unidos, vio un caso en que se le pidió a un sacerdote revelar los contenidos de una confesión de un menor, pero la Corte reconoció en esa oportunidad el derecho del sacerdote a guardar el secreto de confesión.
Al mismo tiempo que defiende el secreto de confesión, la Iglesia Católica reconoce al abuso de menores por parte de sacerdotes como un acto criminal, y en 2001 emitió nuevas normas que fortalecen el trabajo de perseguir crímenes cometidos contra niños, exigiendo que las acusaciones de abusos sean remitidas a las autoridades civiles y a la Congregación para la Doctrina de la Fe del Vaticano.

 

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