En una reciente publicación se da a conocer el artículo “Elección presidencial ¿qué está en juego?”.
El informe pretende ilustrar la envergadura de lo que se juega en la definición electoral de mañana  entre Sebastián Piñera y Alejandro Guillier, a partir de una perspectiva amplia, que incluye cinco ejes centrales de nuestro orden político, económico y social; tales como: (i) desarrollo económico, (ii) institucionalidad política, (iii) educación, (iv) salud, (v) pensiones.

Desarrollo económico: caminos disímiles

Se sostiene que en el plano económico, ambas candidaturas pretenden reimpulsar la alicaída actividad económica, revertir cuatro años consecutivos de caída de la inversión y elevar la creación de empleos. Sin embargo, existe una profunda divergencia en las propuestas planteadas, que conducen a resultados disímiles. El programa de Piñera pone especial énfasis en medidas pro competencia y pro inversión, que se traducen en una amplia agenda de reimpulso competitivo, el destrabe de inversiones y la agilización de los permisos ambientales y sectoriales. Propone además una rebaja gradual de impuestos corporativos y la reintegración del sistema tributario, impulsar una amplia cartera de inversiones en infraestructura y una mayor flexibilidad laboral que amplíe las oportunidades especialmente para mujeres, jóvenes y adultos mayores. El programa de Guillier, en cambio, tiene un enfoque distinto. De haber una modificación al sistema tributario sería para elevar el royalty minero, mientras que en materia laboral plantea posibilitar la negociación en los diferentes niveles y establecer el derecho a huelga para todos, sin excepción. El candidato ha hecho particular énfasis en la necesidad de diversificar la matriz productiva, para lo cual impulsaría la emergencia de nuevas industrias y sectores, con una fuerte injerencia del Estado.
Un tema particularmente preocupante, de acuerdo al documento, es la inconsistencia que existe entre su programa y los costos anunciados. El programa de Guillier señala que costaría US$ 10 mil millones en los cuatro años de Gobierno. Sin embargo, su costo real es muchísimo más alto; considerando solo los costos asociados a las principales propuestas en materia de educación, inversión, condonaciones y otros, se alcanzaría un gasto público que bordea el 4% del PIB por año, es decir, casi cuatro veces más de lo señalado. Lo anterior resulta imposible de financiar, a menos que el candidato esté pensando en empeorar aún más las deterioradas cuentas fiscales del país.

Institucionalidad: ¿ruptura o cambio?

A continuación, se señala que la postura de Alejandro Guiillier desafía la concepción tradicional de democracia representativa, proponiendo avanzar hacia una “democracia multinivel con espacios que permitan una democracia horizontal, territorial y participativa”, mientras que la perspectiva de Sebastián Piñera no es otra que la del respeto por nuestras instituciones republicanas, haciéndolas más abiertas y participativas, pero privilegiando el camino de la reforma frente al de la ruptura o la transformación radical.
En materia constitucional, se explica, la propuesta del candidato oficialista pretende transitar desde la actual Constitución, hacia una que consagre un Estado social de derechos, superando la visión de Estado subsidiario como pilar fundamental del ordenamiento social. El mecanismo propuesto es el de una Convención Constitucional con miembros electos mediante un sistema proporcional con votación obligatoria, cuyo trabajo deberá ser ratificado por un plebiscito. De paso, el Programa de Guillier plantea la creación de un nuevo Tribunal Constitucional que afecta su conformación y facultades. En contraste, la posición en materia constitucional de Sebastián Piñera, adhiere a un enfoque a partir del cual se considera que la Constitución puede y debe perfeccionarse; con la diferencia, de que la visión de Piñera considera que los cambios en democracia se hacen respetando las reglas del juego y las instituciones que le han dado estabilidad y progreso a Chile. El anterior punto marca un nítido contraste con el enfoque maximalista de la posición de Guillier.

Educación: ¿estado docente o sociedad docente?

Con respecto a esta  materia, el programa de Sebastián Piñera se basa en la creación de herramientas para apoyar a las familias y la sociedad civil en el ejercicio de su rol formador, por medio de la entrega de más recursos a través de subvenciones y el perfeccionamiento de la institucionalidad para devolver autonomía a los establecimientos, la entrega de incentivos para que los mejores profesores trabajen en sectores vulnerables, etc. poniendo siempre el énfasis en la calidad. Por contrapartida, el programa de Guillier, busca consolidar un retorno al Estado Docente, propendiendo a la migración de estudiantes desde el sector particular subvencionado a los establecimientos estatales, a un aumento del control sobre el uso que se le puede dar a los recursos públicos (con toda la sobrecarga administrativa que esto implica), la creación de una estrategia de educación pública a nivel nacional y la entrega de beneficios especiales a los docentes que trabajen en establecimientos administrados directamente por el Estado. Otra diferencia sustancial entre las propuestas de Piñera y Guillier es la priorización que se expresa en cada propuesta. Mientras Piñera pone el foco en los alumnos más vulnerables y los primeros niveles educativos, Guillier prioriza a los alumnos de los establecimientos administrados por el Estado (ya sean salas cunas, jardines, colegios, liceos, universidades, o CFTs) y plantea invertir una gran cantidad de recursos en los estudiantes de educación superior, quienes son los más privilegiados del sistema.

Salud: diagnóstico similar, tratamiento divergente

En lo que se refiere a esta materia, el texto asevera que se requieren reformas mayores para poder generar cambios estructurales. Hay consenso respecto de que es el sistema de aseguramiento público el que presenta mayores carencias, sobre todo en materia de eficiencia. Para ello, el programa de Guillier pone adecuadamente en el centro el fortalecimiento de la atención primaria pública, pero a costa de un impuesto al trabajo formal que pagarían todos los trabajadores dependientes. El candidato de la Nueva Mayoría propone financiar estas mejoras al sector salud (así como la “universalidad y la calidad de la atención pública”) con 3 de los 7 puntos que los trabajadores cotizan para salud (43% de la cotización total). Si consideramos que, en promedio, al menos 1,5 de los 7 puntos de la cotización se destinan al pago de licencias médicas, esto además de constituir un desincentivo al trabajo formal, dejaría disponible apenas 2,5 puntos para financiar prestaciones en salud de planes fuera del sistema público, lo cual sin duda perjudica la situación de quienes hoy se encuentran en el sistema Isapres. Se trata de 3,4 millones de personas que en su mayoría pertenecen a la clase media (63,4% según la última encuesta CASEN). La “solidarización” de parte importante de la cotización en salud sólo con el fin de recaudar más recursos para el sistema público, podría además poner fin a la industria de aseguramiento privado, desmejorando la situación de sus asegurados y monopolizando el aseguramiento en manos del sector público.

Pensiones

En cuanto a este ítem,  el informe expone que existe consenso de que las pensiones de vejez son inferiores a lo esperado, desafío que es abordado por ambos programas de Gobierno, aunque con instrumentos que difieren ampliamente. Por una parte, el programa de Guillier plantea la continuidad de la reforma presentada por el Gobierno, pero profundizando el componente de la cotización de los trabajadores que iría al Fondo de Ahorro Colectivo. Sin duda esto es regresivo tanto en su forma de financiamiento como en los beneficios que entrega. Respecto de su forma de financiamiento, Guillier opta por recurrir (al menos) a tres puntos de la cotización de los trabajadores dependientes para incrementar las pensiones de los actuales jubilados (lo que además implica instalar un importante componente de reparto en el peor momento desde la perspectiva demográfica), sin importar si son más pobres o más ricos que los trabajadores. Y los beneficios que supone un aumento de 20% de las pensiones de los actuales jubilados se traduciría en que el aporte (financiado con recursos de todos los trabajadores) sería mayor para quienes más tienen. Por el contrario, Piñera propone una reforma para incrementar el ahorro individual de los trabajadores (cotización se eleva en 4%), lo que atenúa el impacto del incremento en el costo laboral al beneficiar directamente las futuras pensiones del mismo trabajador y no las de otros como la propuesta del Gobierno. Y en lugar de instalar un componente de reparto, propone financiar con impuestos generales (menos distorsiones que un impuesto al trabajo) las mejoras a las pensiones de los más vulnerables y también de quienes, estando en la clase media, cotizaron por un número considerable de años. En suma, y a diferencia de la propuesta de Guillier, la propuesta de Piñera no distorsiona los incentivos al ahorro ni a la cotización.

Finalmente, el documento concluye que es fundamental que los electores puedan visibilizar las divergencias programáticas para que sean conscientes del impacto político, social y económico de su voto. Fuente: www.lyd.cl

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