CS condena a Servicio de Salud a pagar indemnización por falta de comunicación oportuna de reacción adversa a vacuna.

En fallo unánime, la Corte Suprema condenó al Servicio de Salud Metropolitana Sur Orienta a pagar una indemnización total de $ 300.000.0000 a un niño y sus padres, y al financiamiento de por vida del tratamiento derivado de la no comunicación oportuna de una reacción adversa de una vacuna de poilomelitis.

La sentencia sostiene que el sentenciador de primera instancia decidió acoger la demanda basado en que el Hospital Dr. Sótero del Río, dependiente del Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente, informó a la familia y al personal médico que lo atendía que el menor padecía del Sindrome Werdnig-Hoffman, patología neurológica de muy mal pronóstico, pese a que, en realidad, se hallaba afectado de Poliomielitis Vacunal, circunstancia que era conocida por los demandados y que estima constitutiva de falta de servicio, toda vez que la labor del Hospital demandado fue efectuada en una forma cuando menos negligente.

Agrega la resolución que si bien el Hospital demandado incurrió en un error de diagnóstico respecto del padecimiento del menor, la falta de servicio demandada consiste en la omisión en que incurrieron ambos demandados al no comunicar, ni a la familia ni al equipo médico que trataba al menor, la ocurrencia de semejante yerro. A lo dicho agregó que el estado actual del menor es consecuencia de haberse producido la hipótesis excepcional de reacción negativa a la vacuna contra la polio, posibilidad conocida y evaluada por las autoridades al momento de adoptar las políticas de vacunación y que, por consiguiente, pone de su cargo los efectos perniciosos de dicha eventualidad. Al respecto subrayó que el Estado está al servicio de las personas y debe propender a garantizar la salud a todos, para lo cual dispone de una serie de herramientas que debe evaluar e implementar, una de las cuales consiste en la aplicación de programas de vacunación obligatoria, como en el caso de autos, cuyas consecuencias adversas son ponderadas y asumidas como costo país en beneficio de los demás, costo que, en ningún caso cabe imponer a una persona determinada, como sucedería en el supuesto de que la parte demandada se negara a responder por el estado actual del menor.