En una reciente publicación se da a conocer el artículo “Capacitación laboral: una tarea pendiente”. Se sostiene que la capacitación en Chile ha sido abordada como una política pública que busca aumentar los niveles de empleabilidad de los trabajadores, principalmente de aquellos grupos vulnerables con bajos niveles de formación y acceso al empleo.
A continuación se recuerda que el organismo público encargado de generar la capacitación en Chile es el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE), el cual es concebido como un servicio descentralizado que se relaciona con el Gobierno por medio del Ministerio del Trabajo y Prevención Social.
Luego, el texto indica que en la actualidad se han levantado voces que han detectado dentro de los principales problemas de la capacitación en Chile falencias en el diseño y focalización de los distintos programas, el modelo de la franquicia tributaria y la estructura administrativa del SENCE.

La capacitación en Chile

El documento recuerda que históricamente, distintos Gobiernos han desarrollado una serie de programas relativos a la capacitación de trabajadores con el propósito de aumentar la participación laboral y alcanzar mejores índices en materia de productividad, como lo son el programa de capacitación en oficios, aprendices, formación en el puesto de trabajo, entre otros.
Por su parte, se comenta que el actual Ejecutivo, dando cumplimiento a su programa de Gobierno, puso en marcha un nuevo programa de formación en oficios e inserción laboral dirigido a mujeres y jóvenes en condiciones de vulnerabilidad, conocido como "Más Capaz".
Este programa, se arguye, en lo que respecta a su plan piloto, fue evaluado de manera deficiente por la Dirección de Presupuestos el año 2015, por lo que el Ejecutivo intentó reformularlo al año siguiente, sin que hasta ahora se conozcan los nuevos resultados.
Este año, se asevera, y por segunda vez consecutiva, el presupuesto para capacitación ha tenido una importante disminución, lo cual respondería al mal desempeño de los programas implementados por el SENCE. En particular, en el último año la rebaja fue de 42,1%, dejándole un presupuesto de tan solo $ 33.796.029 miles para el 2018. En contrapartida, el número de capacitaciones ha tenido un importante aumento, pasando de 870.000 en 2004 a 1.620.000 en 2014, sin que exista evidencia sobre mejoras en la productividad, la contratación formal o la movilidad de los trabajadores. En cuanto a la franquicia tributaria, ésta es utilizada por aproximadamente 15.000 empresas, lo que corresponde a apenas un 3,2% de los potenciales usuarios, concentrado mayoritariamente en grandes empresas. En conjunto, sólo un 3% del presupuesto del Ministerio del Trabajo será destinado el 2018 a SENCE, lo cual, a simple vista, no parece coherente con una política activa de capacitación. Tanto organismos locales como internacionales destacan que estamos en deuda como país en materia de productividad, la cual se relaciona, en parte, con la capacidad de los trabajadores de crear mayor valor.

Un diagnóstico preocupante

Con respecto al diagnóstico el documento señala que hay consenso sobre la existencia de serios problemas en las políticas de capacitación nacional. Estos fueron agrupados en 2011 por la Comisión Revisora (conocida como Comisión Larrañaga) convocada por el Ministerio del Trabajo en tres áreas principales: equidad en asignación de recursos, eficiencia para lograr sus objetivos y efectividad de sus resultados. Se señalaron además las falencias que enfrentaba el SENCE en capacidades, resultados y programas ofrecidos y las graves implicancias que ello tenía para el país. Lo anterior no ha sido corregido con el transcurrir de los años, lo que mantiene la urgencia de reformular nuestro sistema de capacitación. En relación a la franquicia tributaria se han planteado duras críticas sobre la base de los resultados disponibles; existe consenso en que no hay resultados que indiquen impactos significativos en ingresos laborales, empleabilidad o productividad de sus beneficiarios. Entre las posibles explicaciones para ello se encuentran el creciente aumento de cursos de corta duración, los distintos niveles de calidad entre OTEC, la inoperancia de las OTIC y la incapacidad del SENCE para fiscalizar y supervisar. Por otro lado, se apunta también a una mala focalización de recursos. Además, existen tensiones entre empleadores y trabajadores.

Propuestas

En lo que se refiere a propuestas, se expone que una buena política pública requiere de seguimiento y evaluación. Al reforzar dichas herramientas -con información sistematizada de calidad y evaluaciones de impacto periódicas- es posible disminuir el riesgo de despilfarrar recursos fiscales. De acuerdo a la información existente, se desprende que se requiere reformar profundamente el sistema de franquicia tributaria, puesto que no ha logrado aumentar la productividad, empleo y salarios de los trabajadores, sin que se focalice en el público objetivo para el cual se originó. Esta reforma al sistema de franquicia debiera combinar un incentivo tributario diferente que reemplace al actual.
También, se agrega, es posible pensar en un modelo de fondos concursables que atiendan a aquellos sectores con proyectos innovadores con valor agregado, otorgando esquemas de financiamiento de mayor flexibilidad que permita alcanzar a aquellas empresas que hoy no se ven beneficiadas por los programas de capacitación.

Por todo lo dicho, el texto insta a  fomentar políticas públicas que disminuyan la brecha en competencias laborales que enfrentan nuestros trabajadores en relación con aquellos en países desarrollados, los cuales cuentan con sistemas de formación continua de competencias, teniendo como componentes básicos la educación y la capacitación. Se busca en ellos enfrentar los desafíos de la cambiante demanda por trabajo, derivados de un mundo cada vez más globalizado y tecnológico, así como también dar a los trabajadores la posibilidad de tener trayectorias laborales ascendentes.
Finalmente, se concluye que se necesaria una reforma al sistema de capacitación, no solo a través de una modificación institucional del SENCE, sino además por una revisión y reformulación de sus respectivos programas e incentivos, de modo de contribuir a una mayor productividad de las empresas y más oportunidades de acceso al trabajo, así como mayor movilidad y mejores salarios. Fuente:www.lyd.org

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