Diario Constitucional

Artículo 436 inciso primero del Código Penal.

CS desestimó nulidad interpuesta contra sentencia de juicio oral que condenó al recurrente como autor de delitos de robo con violencia en grado de frustrado y robo con intimidación en grado de consumado.

Exhibición de set fotográfico a la víctima para proceder luego a la identificación y detención del acusado corresponde a las instrucciones generales del Ministerio Público en caso de flagrancia, lo cual descarta que haya existido un actuar policial autónomo.

Por Redacción·25 de diciembre de 2017·3 min de lectura
CS desestimó nulidad interpuesta contra sentencia de juicio oral que condenó al recurrente como autor de delitos de robo con violencia en grado de frustrado y robo con intimidación en grado de consumado.
Referencial

La Corte Suprema desestimó el recurso de nulidad interpuesto por la defensa en contra de la sentencia de juicio oral que condenó al recurrente como autor de los delitos de robo con violencia en grado de frustrado, y robo con intimidación en grado de consumado, sancionados en el artículo 436 inciso primero del Código Penal.

En relación al delito de robo con violencia frustrado, la Corte descarta que concurra la causal de nulidad del artículo 373 letra a) del Código Procesal Penal, ya que no se vulneró el derecho al debido proceso en la exhibición de las fotografías a la víctima desde que dicha diligencia está en las órdenes generales del Ministerio Público en casos de flagrancia.

Señala el fallo, que la regla general para la actuación de la Policía es que ésta se realiza bajo las instrucciones del Ministerio Público, siendo excepcional su desempeño autónomo sólo en las situaciones establecidas en la ley. En este caso, la diligencia de exhibir un set fotográfico a la víctima -para proceder después de la identificación a la detención del recurrente- corresponde a las instrucciones generales del Ministerio Público en caso de flagrancia, por lo que se encuentra conforme a los artículos 83, 87 y 130 del CPP. De esta manera, la instrucción general fue realizada por la institución a la cual la Constitución y la ley le entregan la facultad de dirigir las investigaciones criminales, lo cual descarta que haya existido un actuar policial autónomo. Es decir, los funcionarios únicamente se limitaron a seguir las directrices dadas por el Ministerio Público con mayor o menor precisión, pero no actuaron por iniciativa particular.

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