Diario Constitucional

Derechos Humanos.

Juzgado Civil de Santiago ordena al Fisco indemnizar a víctima de torturas en centros de detención de Magallanes.

El Tribunal acogió la demanda tras establecer que los apremios que sufrió Osses Beltrán son crímenes de lesa humanidad y, por lo tanto, imprescriptibles en el ámbito civil y penal.

Por Redacción·12 de enero de 2018·3 min de lectura
Juzgado Civil de Santiago ordena al Fisco indemnizar a víctima de torturas en centros de detención de Magallanes.
Referencial

El Sexto Juzgado Civil de Santiago condenó al Estado de Chile a pagar una indemnización de $60.000.000 a Agneo José Osses Beltrán, víctima de apremios ilegítimos en los centros de detención de Bahía Catalina, la Base Aérea de la Fuerza Aérea en Punta Arenas y la Isla Dawson.

La sentencia sostiene que conforme lo asentado en el considerando inmediatamente anterior es menester apuntar que las normas de Derecho Internacional han establecido, como criterio general, que ante episodios en que se hayan cometido acciones descritas como de lesa humanidad por parte de un Estado, surge para las víctimas el derecho de solicitar al aparato estatal la investigación y sanción de los responsables de violaciones graves a los derechos humanos, como las anotadas anteriormente, todo ello por contravenir derechos inderogables reconocidos por el Derecho Internacional. Así, tenemos que el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, promulgado en Chile mediante el decreto N° 873 de fecha 5 de enero de 1991 -ratificado en octubre de 1990-, refiere que ‘Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales'”.

La resolución agrega que se observa que el artículo 1.1 de dicho Tratado, afirma, en relación a la obligación que deben cumplir los Estados a fin de permitir el acceso a la reparación íntegra de quienes han sido víctimas de atentados en contra de sus Derechos Humanos, que: ‘Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social'.

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