Diario Constitucional

Con prevención y voto en contra.

CS confirmó sentencia que rechazó amparo económico contra consejo de administración de la caleta de pescadores de Tongoy por desconocer acuerdo relativo al arrendamiento de un local.

La decisión fue acordada con el voto en contra del Ministro Muñoz, quien fue del parecer de revocar el fallo en alzada y de acoger la acción de amparo económico.

Por Redacción·18 de enero de 2018·7 min de lectura
CS confirmó sentencia que rechazó amparo económico contra consejo de administración de la caleta de pescadores de Tongoy por desconocer acuerdo relativo al arrendamiento de un local.
Referencial

La Corte Suprema confirmó la sentencia de la Corte de La Serena que rechazó la acción de amparo económico deducida por un comerciante gastronómico contra el Consejo de Administración de la Caleta de Pescadores de Tongoy, debido a que desconoció un acuerdo suscrito con la Asociación Gremial de Buzos, Pescadores y Ramos Similares Independientes de Tongoy, que ahora forma parte de la recurrida, relativo al local que arrienda, impidiéndole ejercer la actividad económica que ha desarrollado por más de 20 años

En su libelo, el recurrente señaló que en agosto del año 2012 la Dirección Regional de Obras Portuarias de Coquimbo, a través de Ordinario N° 408, dirigido a la asociación gremial arrendadora, informó la construcción de obras anexas al muelle de la caleta de Tongoy, solicitando la disponibilidad de los terrenos que ocupaba, entre otros, el recurrente. Así, el 14 de julio de 2015, como parte de los acuerdos entre locatarios y la Dirección de Obras Portuarias, se entregaron los terrenos a fin de comenzar la demolición y construcción de la remodelación de la caleta de Tongoy; recibiendo su parte, en uso provisorio, el local 5-A ubicado en Avenida Coquimbo con Playa Grande de Tongoy, para ser utilizado mientras se efectuaba la construcción. Sin embargo, el 31 de julio de 2017, la asociación gremial arrendadora determinó unilateralmente el término del retorno de los locatarios al centro gastronómico, fijando arbitrariamente un cobro de $3.500.000, tomando decisiones en torno a infraestructura pública, efectuando venta y reserva de locales sin que se conozcan los motivos, criterios y destino de los dineros que son recaudados. Así, los días 14, 17, 22 y 25 de agosto de 2017 recibió comunicaciones en que se establecen plazos perentorios para firmar acuerdos de arriendo vulnerando el acuerdo que existe con la Dirección de Obras Portuarias en cuanto a volver a ocupar su espacio en las nuevas obras de forma preferente, arrogándose la recurrida una facultad de la que carece, amenazando con licitar los puestos al mejor oferente, situación a todas luces contraria al contrato de arriendo suscrito el año 2001.

Cabe recordar que, en su sentencia, la Corte de La Serena expuso que si bien de los antecedentes que obran en autos se advierte que efectivamente entre el recurrente y la Asociación Gremial de Buzos, Pescadores y Ramos Similares Independientes de Tongoy se suscribió el 20 de Octubre de 2001 un contrato de arrendamiento, no es posible determinar con certeza su fuerza vinculante respecto de la recurrida, ya que nada indica ni acredita la recurrente al efecto y, de los antecedentes que aporta aquélla, aparece que dicha asociación gremial formó parte del Consejo de Administración de la Caleta de Pescadores de Tongoy, junto a otras tres agrupaciones, la que tuvo como objeto administrar provisoriamente y recibir las obras correspondientes al Muelle Caleta de Pescadores de Tongoy, alegando la recurrida la inoponibilidad del referido acuerdo por contenerse en un instrumento privado y no emanar de su parte. En consideración a ello se colige, además, que no existe antecedente alguno en autos respecto de las eventuales facultades que sustentaría la asociación gremial en orden a suscribir acuerdos como el de la especie, de suerte que la controversia se centra en asuntos relativos a la etapa precontractual y a sus efectos jurídicos, cuestión que impide, en el marco de la acción cautelar intentada, una análisis y pronunciamiento en orden a la efectiva vulneración que alega el recurrente. Por lo anterior, se rechazó el recurso de amparo económico intentado.

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