CIDH presenta caso sobre Guatemala ante la Corte IDH.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) el caso 11.782, Miguel Ángel Rodríguez Revolorio, Miguel Ángel López Calo y Aníbal Archila Pérez, respecto de Guatemala.

El caso se relaciona con violaciones al debido proceso cometidas en el marco del proceso penal por el delito de asesinato y tentativa de asesinato de miembros de la Policía Nacional de Guatemala. Las víctimas fueron condenadas a la pena de muerte el 23 de mayo de 1996 tras considerar por acreditada su peligrosidad futura, lo cual incumplió con el principio de legalidad, ya que incorpora predicciones y especulaciones y constituye una expresión del derecho penal de autor incompatible con principios esenciales de una sociedad democrática. Por otra parte, el Presidente del Tribunal de Sentencia que condenó a las víctimas había actuado como juez de control en la etapa de investigación, lo cual es violatorio de la garantía de imparcialidad. Adicionalmente, el Estado violó el derecho de defensa, el deber de motivación en relación con la presunción de inocencia, el derecho a recurrir el fallo condenatorio y el derecho a la protección judicial. El Estado violó asimismo el derecho a la integridad personal, al configurarse el fenómeno del “corredor de la muerte” ya que las víctimas permanecieron entre 3 y 14 años a la espera de ejecución y en condiciones de detención inadecuadas. Finalmente, la CIDH determinó que el Estado guatemalteco violó el derecho a la vida, al imponer la pena de muerte en un proceso en el que se violaron múltiples garantías del debido proceso.

En el Informe de Fondo, la Comisión recomendó a Guatemala reparar integralmente las violaciones de derechos humanos, tanto en el aspecto material como inmaterial, incluyendo una justa compensación y medidas de satisfacción y rehabilitación a favor de Miguel Ángel Rodríguez Revolorio y Miguel Ángel López Calo, en consulta con los familiares de Aníbal Archila Pérez. En el caso de Miguel Ángel Rodríguez Revolorio y Miguel Ángel López Calo, disponer las medidas necesarias para que se deje sin efecto la sentencia condenatoria y se efectúe un nuevo proceso en el que se respeten las garantías del debido proceso.